Ambos municipios acumulan cinco denuncias formales por incumplir obligaciones de transparencia
Durante el primer trimestre de 2025, el municipio de Villa Juárez se colocó como el ente más denunciado ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) por incumplir con sus obligaciones de transparencia. Con cinco denuncias formales, supera a cualquier otro sujeto obligado del estado. Le siguen los ayuntamientos de San Antonio y San Martín Chalchicuautla, con cuatro denuncias cada uno, mientras que San Vicente Tancuayalab acumuló tres. Estos municipios, en su mayoría ubicados en regiones con menor infraestructura institucional y altos niveles de marginación, exhiben una preocupante tendencia a la opacidad sistemática.
Los señalamientos reiterados hacia estos ayuntamientos apuntan a la ausencia o desactualización de información clave en plataformas oficiales, particularmente lo relacionado con movimientos de ingresos y egresos, estructura orgánica, directorios de servicios públicos y sueldos del personal. Estas omisiones no solo incumplen la Ley de Transparencia estatal, sino que privan a la ciudadanía de herramientas básicas para ejercer control social sobre sus autoridades.
Más allá del ámbito municipal, los partidos políticos también figuran entre los más denunciados, lo que refuerza la percepción de opacidad en el espacio político. El Partido Verde Ecologista de México acumuló tres denuncias, mientras que Movimiento Ciudadano y Conciencia Popular enfrentaron una denuncia cada uno. Las faltas fueron similares: poca información sobre estructura interna, manejo de recursos públicos y actualización de sus portales.
Entre los sujetos obligados estatales también se cuentan denuncias dirigidas a instituciones relevantes como la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, lo que muestra que la opacidad no es exclusiva del nivel municipal ni de la esfera política, sino que afecta de forma transversal al aparato público.
Del total de 42 denuncias recibidas, 22 fueron admitidas, 19 desechadas por causas procedimentales y una más fue prevenida. La CEGAIP resolvió 16 como fundadas, una parcialmente fundada, otra infundada y una sobreseída. Esta proporción de denuncias válidas sugiere un uso cada vez más técnico del recurso ciudadano, y al mismo tiempo, la existencia de incumplimientos estructurales persistentes.
La reiteración de denuncias en ciertos municipios no responde a hechos aislados, sino a patrones reiterados de ocultamiento o desdén hacia la rendición de cuentas. Así, Villa Juárez, San Antonio y San Martín Chalchicuautla no solo encabezan la lista numérica, sino que se convierten en símbolos de resistencia a la apertura gubernamental, en un momento donde el acceso a la información cobra nueva relevancia tras la desaparición del INAI a nivel nacional.
Este mapa de denuncias no solo retrata incumplimientos: también ilumina una ciudadanía más activa que reclama su derecho a saber y que convierte la vigilancia en un acto político cotidiano. En ese contexto, la transparencia deja de ser una aspiración jurídica para convertirse en una exigencia ineludible.
