A nueve meses del cierre de 2025, las cifras muestran un estado con mujeres que sí aparecen en las estadísticas de extorsión 47 potosinas que denunciaron este delito
Alejandra Ruiz
En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan un panorama complejo y, en algunos puntos, contradictorio para San Luis Potosí. Entre enero y septiembre de 2025, el delito de extorsión y la manera en que se registran los casos de violencia de género muestran dos caras de una misma crisis que atraviesa la seguridad de las mujeres en la entidad.
En el rubro de extorsión, San Luis Potosí registró 47 mujeres víctimas durante los primeros nueve meses del año. Aunque este número coloca al estado a media tabla nacional —específicamente en el lugar 13 por incidencia— la cifra tiene un peso propio al representar el 1.5% de todas las víctimas reportadas en el país, que suman 3,068. Mientras entidades como Estado de México y Guanajuato concentran los niveles más altos con 641 y 436 casos respectivamente, San Luis Potosí mantiene una tasa de 3.07 víctimas por cada 100 mil mujeres. Esta tasa se ubica por debajo del promedio nacional, que es de 4.50, pero rebasa a estados cercanos como Aguascalientes (2.28) y fronterizos como Tamaulipas (1.90). El dato confirma que, sin ubicarse en los focos rojos, la extorsión es un delito con presencia constante y efectos directos en la seguridad patrimonial y emocional de las potosinas.
Pero es en el registro de los “delitos de violencia de género” donde aparece una anomalía estadística que obliga a leer con cautela. En las gráficas del SESNSP, San Luis Potosí aparece con cero casos y una tasa de 0.00, una cifra que no responde a la ausencia de agresiones, sino a cómo se clasifican y reportan estos hechos. El propio informe muestra que solo tres entidades concentran el 93.8% de todos los delitos tipificados bajo este concepto a nivel nacional: Estado de México aporta el 40% de los casos, Veracruz el 33.5% y Querétaro el 20.3%. Esta concentración evidencia la heterogeneidad con la que los estados utilizan este tipo penal, pues en el caso de San Luis Potosí, las agresiones suelen clasificarse en categorías como violencia familiar, lesiones o amenazas, dejando prácticamente vacío el apartado que en teoría debería reflejar los ataques estructurales motivados por razones de género.
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Mientras Querétaro alcanza una tasa de 37.67 delitos de violencia de género por cada 100 mil habitantes, en San Luis Potosí las carpetas simplemente no aparecen. La invisibilidad estadística, más que una buena noticia, expone la necesidad urgente de homologar criterios para que esta categoría realmente permita dimensionar las violencias que enfrentan las mujeres.
A nueve meses del cierre de 2025, las cifras muestran un estado con mujeres que sí aparecen en las estadísticas de extorsión —47 potosinas que denunciaron este delito— pero que desaparecen administrativamente cuando se trata de reconocer, en términos jurídicos, la violencia de género. En este 25N, los datos no solo invitan a reflexionar, sino a abrir la discusión sobre cómo se nombra, se registra y se atiende lo que viven las mujeres en San Luis Potosí.
