El reciente golpeteo jurídico-político en contra del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros ha sido interpretado por el círculo rojo (clase política, medios y empresarios) como el inicio informal de la sucesión del gobernador Rubén Rocha Moya, aunque de cierto es que faltan todavía dos años para eso.

Y es que del lado del posible descarrilamiento de Vargas Landeros al ser investigado por la Fiscalía General del Estado por el arrendamiento de 126 patrullas por un costo de 171 millones de pesos en su primer periodo en 2021, también está el intenso activismo político de los senadores de Morena, Imelda Castro y Enrique Inzunza Cázarez, quienes día a día parecen jugar a las carreras en una justa que se antoja casi ilegal, al promocionarse anticipadamente.

Bien es cierto que dirán que no llaman al voto y que no gastan recursos públicos en las reuniones con los ciudadanos, pero ya empezaron a denunciarse que se reparten despensas de manera discreta en algunos eventos. Y eso sí, qué lamentable la instrumentalización de la necesidad del pueblo para obtener raja política. Los políticos de siempre siendo aprovechados de la pobreza de siempre.

Desde luego que este proselitismo adelantado, está siendo aprovechado por el PRI para decir que sí se están usando recursos públicos y humanos para apoyar las aspiraciones de los senadores. Ellos todavía no salen a decir nada, quizá porque andan aprovechando el periodo semana santero para irse a la playa.

Pero bueno. El escenario que están haciendo es que la justa por la gubernatura se encuentra entre Enrique e Imelda, y aunque Vargas Landeros tiene pocas oportunidades, la cargada es hacia su persona por la sencilla razón de que cometió un error con el contrato de las patrullas. Y ya no son los tiempos de antes, y menos cuando era secretario General de Gobierno con Malova y podía hacer y deshacer.

Las viejas mañas de Gerardo

Y es que solamente hay que recordar que fue la idea de Gerardo Vargas Landeros de contratar a la empresa Seguritech los equipos de videovigilancia urbana, los vehículos blindados conocidos como Tigers y unos helicópteros bajo el esquema de un contrato leonino de más de mil millones de pesos cuando él fungió como secretario General de Gobierno.

La adjudicación de este contrato millonario fue sin licitar, abusando de la excepción que da la Ley de Arrendamientos de Sinaloa, y lo escondieron lo más que pudieron hasta que la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (Ceaip) obligó a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado a abrir la información en torno a este tema.

Claro, la Auditoría Superior del Estado no detectó nada irregular por la sencilla razón de que esté órgano fiscalizador estaba bajo las órdenes del gobernador Malova, lo mismo que el Congreso durante su sexenio.

Hoy, que Gerardo encabeza una ambición política, pues nada, que ya no pudo pasarse por el arco del triunfo la Ley. Y si le escarban un poquito a la época en que despachó desde el Tercer Piso quizá encuentren más, aunque como dice el clásico, ya debe ser cosa juzgada.

No le han hecho nada a Quirino y a su equipo por el fraude de las auditorias de los Coppel y los Arellano, qué se puede esperar de volver a auditar sexenios más atrás, ¿Verdad, Carero?