Pero no lo está.
En este momento, en México, el problema principal no radica en la ausencia de derechos, sino en su cumplimiento, y algo más complejo, su interpretación, quién los ejerce y, sobre todo, quién habla en nombre de las mujeres.
Y junto con ello, surge otra pregunta que incomoda: ¿por qué, incluso en organizaciones y agendas de mujeres, siguen siendo los hombres quienes representan, median o encabezan la discusión?
Hoy en día, hablar de los derechos de las mujeres suele colocarnos en un escenario que parece superado. Hay un marco jurídico basto, nutrido, y transversal, que incluye leyes, normas, tratados internacionales, instituciones, protocolos, y presupuestos. Un glosario de conceptos y principios que reconocen la igualdad, la no discriminación, la participación política y el derecho a una vida libre de violencia, entre otros. En el papel, la lucha está ganada, diría cualquiera.
En nuestro país, los avances legislativos son innegables: acceso a una vida libre de violencia, paridad de género en la participación política, mecanismos de protección como la alerta de violencia de género. Sin embargo, la distancia entre el papel y la realidad cotidiana sigue siendo profunda.
Esa distancia no se explica solamente por la falta de voluntad política o la fragilidad de las instituciones, sino por algo más sutil y persistente: los estereotipos de género en las y los operadores del sistema de justicia y todos aquellos (as) en el ejercicio del derecho.
En la práctica jurídica, estos estereotipos no siempre son visibles, pero sí decisivos. Sin duda de las víctimas, se examina su conducta personal, se exige coherencia absoluta en sus relatos, como sí el trauma no fragmentara la memoria. Se cuestiona más a quien denuncia que a quien agrede, esto sucede todos los días, y sucede, además, dentro de una profesión que se asume neutral.
La abogacía no es neutral. Nunca lo ha sido, desde su fuente misma como el derecho romano. Es un espacio atravesado por relaciones de poder, por costumbres, tradiciones y por sesgos que, muchas veces, se reproducen sin cuestionarse. En ese contexto, las mujeres no solo enfrentan barreras como víctimas, sino también como profesionales. Una abogada firme es vista como conflictiva. Una abogada que incomoda es sancionada social o profesionalmente. Una abogada que denuncia, incluso dentro de su propio gremio, corre el riesgo de ser aislada.
Pero hay una dimensión aún más incómoda. Los espacios donde se supone que se defienden los derechos de las mujeres, la voz de las mujeres no siempre es la que prevalece. Ahí aparece una práctica tan normalizada que rara vez se nombra: el mansplaining. Hombres que explican a las mujeres su propia experiencia, que corrigen su interpretación de la violencia, que definen qué es o no es perspectiva de género. No se trata de un gesto aislado o anecdótico. Es una forma de ejercicio de poder. Porque quien define el problema, define también sus límites y sus soluciones.
No se trata de negar la posibilidad de aliados. Se trata de evidenciar cuándo el acompañamiento se convierte en sustitución. Porque cuando un hombre habla por mujeres, cuando se posiciona como referente en temas de género, cuando ocupa el espacio de una representación, lo que está ocurriendo no es apoyo, sino desplazamiento.
Este fenómeno no es nuevo. Tiene un referente como el caso de “Las Juanitas” en el 2009. Mujeres postuladas para cumplir con cuotas de género que, una vez electas, cedieron el cargo a hombres. En ese momento se mostró una verdad incómoda: las mujeres podían aparecer en la forma, pero el poder seguía siendo de los varones.
Desde entonces, las leyes han cambiado, la paridad es un principio constitucional. Existen sanciones contra la simulación, pero la lógica no ha desaparecido, se ha sofisticado. Por eso, la discusión sobre derechos de las mujeres no puede quedarse en el plano normativo. Tiene que trasladarse al terreno de la práctica. A los tribunales, a las oficinas, a las aulas, a las organizaciones. Y también, de manera urgente, el análisis de quién toma la palabra.
