La voz del cácaro | La Extorsión del Bienestar
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Sinaloa, 29 de marzo de 2026
Con todo “cariño y respeto”, el gober de Puebla, Alejandro Armenta, le exigió a un grupo inmobiliario que donara a su gobierno dos hectáreas para construir viviendas para policías. En caso de no recibir la anhelada donación, Armenta amenazó con iniciar un proceso de expropiación, pero no de dos hectáreas, sino de cuatro. ¡Tengan para que aprendan!
Al escuchar las temerarias declaraciones del gobernador Armenta, es imposible no recordar a algunos de los personajes más pintorescos y lamentables de la 4T, como el insufrible Fernández Noroña o la cínica senadora por Chihuahua, Andrea Chávez. Pura barajita difícil. Todos padecen del mismo mal, están indigestados de poder. Armenta declaró sin tapujos que tuvo un acercamiento con Grupo Proyecta, los desarrolladores de City Lomas Ocoyucan, un megaproyecto inmobiliario de lujo, ubicado en Santa María Malacatepec en Puebla, para exigirles que se mocharan con dos hectáreas de terreno, de las 245 que el grupo posee en la zona. Se supone que el espacio sería usado para construir un complejo habitacional para los policías de Puebla. Eso, por la buena. Pero en caso de que Grupo Proyecta no cediera a las cariñosas peticiones del gober morenista, no quedaría más remedio que adueñarse por la mala de las dos hectáreas, más otras dos de pilón.
Te vas a mochar sí o sí
Si bien es cierto que quitarle dos hectáreas a alguien que posee decenas, sería como quitarle un pelo a un gato, no es menos cierto que la extorsión no es precisamente el método más amigable para obtener lo que se desea. Y menos viniendo de parte de un gobierno estatal. Claro que si el gobernador actuó como extorsionador, es porque sabe de qué pie cojea Grupo Proyecta. Pues si nos remontamos a tiempos pasados, descubriremos que el grupo se hizo de las 245 hectáreas mencionadas por medio de una expropiación de terrenos a los ejidatarios de Santa Ana Malacatepec. Con ello el grupo terminó pagando la irrisoria cantidad de cuatro pesos por metro cuadrado. Una ganga. Eso ocurrió hace unos treinta años, precisamente cuando Manuel Bartlett fue gobernador de Puebla. Hoy, ese mismo metro cuadrado se vende entre setecientos y mil dólares. De ahí que Armenta alegue que ya es hora de que la inmobiliaria le regrese a Puebla algo de todo lo que el estado le ha dado. Y en eso no se equivoca. Sería un acto de justicia, como él mismo afirma. En efecto. En 2022 Grupo Proyecta reconoció que con el megaproyecto de City Lomas Ocoyucan se derribarían más de ciento ochenta mil árboles. Eso además de que se le señala de usar gente armada para acalambrar a los comuneros y disidentes que se ha opuesto a la construcción.
El error de Armenta no está en pedir, sino en la forma de hacerlo. Llámese autoritarismo y abuso de poder. Hasta ahora no hemos escuchado que el gobierno de Puebla le haya hecho a Grupo Proyecta una propuesta económica. O que ofrezca algún trato más o menos razonable. Se olvidan de que están tratando con empresarios. Gente que está casada con el dinero. Es lo único que les importa. Eso de decir, como lo hizo el propio Armenta, que el gran beneficio que los empresarios constructores recibirían a cambio de donar sus dos hectáreas, es que en esos terrenos se construirán las casas de los policías que velarán por la seguridad de dichos empresarios, no suena muy atractivo que digamos. Y menos si consideramos que muchos de esos policías probablemente tienen vínculos con la maña. O son mañosos. Sin duda, el gober tendría que inventarse una razón más convincente. ¿Y si este entuerto u, otro parecido, llegase hasta una corte? ¿A quién le daría la razón el juez que se ocupara de dirimir asunto?
Entre jueces te veas
Así, de bote pronto, cualquiera podría suponer que a Grupo Proyecta le asiste la razón. Después de todo, estamos hablando de una extorsión por parte de un gobernador. Un acto arbitrario a todas luces. Pero la cosa cambia radicalmente si consideramos la Reforma Judicial, la cual propone, entre otras cosas, que los jueces sean votados por medio de una elección popular. Ahí comienzan las broncas. Sólo imaginemos a un juez que hubiese ganado dicha elección con el apoyo y padrinazgo de Morena o de gente afín al movimiento. ¿Se atrevería ese juez a dictar una sentencia que no fuera favorable al gobierno de Puebla? Seguramente no. Algo muy parecido, sólo que en sentido opuesto, ocurriría si el hipotético juez hubiese llegado al cargo con el apoyo de Grupo Proyecta o de algunos de los empresarios que lo conforman. La balanza se movería a favor de la inmobiliaria. Por eso es tan delicado y riesgoso que el Poder Judicial de un país quede en manos de jueces y magistrados, no sólo sin experiencia en el cargo, sino que además sean incondicionales de grupos de poder, llámese gobierno, empresarios, medios de comunicación y, por supuesto, el crimen organizado.
Se le quitó lo gallito
Uno de los grandes problemas que arrastra “el segundo piso de la transformación” es el desprecio de sus miembros por el cumplimiento de la ley. Demasiado poder trastorna y ensoberbece. Los políticos, pierden la dimensión de sus actos y de sus palabras. Para fortuna de Armenta, alguien con más inteligencia, le aconsejó que le bajara dos rayitas a su extorsión. De tal suerte que el pasado domingo, el gober ya se mostró más amigable. Y para ya no seguir haciendo el petardo, salió a decir, con la arrogancia que lo caracteriza, que es muy posible que su gobierno ya no necesite las dos hectáreas de la discordia. Luego tiró un rollo de que él no está contra los ricos, pero está a favor del pueblo. “Cómo no me voy a indignar. Yo soy 4T. Y nosotros estamos a favor del pueblo”, dijo con la voz quebrada. Actuó a tiempo. Antes de que el jalón de orejas cayera como balde de agua helada desde Palacio Nacional.
