La voz del cácaro | Lo Rápido Simula lo mal Hecho
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Sinaloa, 27 de marzo de 2026
A raíz del escándalo que se hizo por el spot de televisión gringo contra la migración ilegal, la presidenta Sheinbaum y, los senadores morenistas, aprovecharon el río revuelto y se sacaron de la manga una iniciativa para imponer una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Sin consultas, sin debates, sin una visión a futuro. Como quien dice, al puro chilazo. Ya luego llegarían los reproches y el arrepentimiento
El anuncio pagado por los gringos se volvió un escándalo en unos cuantos días. Todo el mundo se desgarró las vestiduras, comenzando por la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, quien de inmediato condenó el contenido propagandístico del mentado spot, el cual, entre otros mensajes, lanza una amenaza abierta contra aquellos migrantes que pretenden entrar a Estados Unidos de manera ilegal. Si ponen un pie en nuestro territorio, se los va a cargar el payaso.
En medio de la indignación nacional por el spot de televisión gringo, alimentada desde el propio gobierno mexicano, la presidenta Sheinbaum vio la oportunidad de meter la mano en los medios de comunicación. Esos medios que tanto la incomodan. Y que para bien y, para mal, hoy son el único contrapeso de su gobierno. Debieran serlo los partidos políticos de oposición, pero son un puñado de farsantes, sin filosofía ni convicciones. Así que al más puro estilo de aquel viejo PRI, autoritario y abusivo, la presidenta y sus senadores aplicaron el clásico madruguete para promulgar una iniciativa que busca expedir una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Así nomás, al chilazo. Iba por delante el sello de la casa.
¿México necesita una ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión? Ciertamente sí. La revolución social, económica y política que ha ocurrido a partir de la aparición de las redes sociales, exige que exista al menos un código de ética. Pero no para censurar los contenidos que incomodan a la presidenta, sino para regular el uso y el abuso de esas redes sociales por parte de medios de comunicación, las anunciantes, las audiencias, el gobierno y los influencers. Un ejemplo de por qué urge que se legisle sobre las redes y las plataformas digitales, es el caso “Televisa Leaks”, detonado esta semana por la periodista Carmen Aristegui. Según Aristegui, ella y su equipo, recibieron información y testimonios de que Televisa contaría con un presunto equipo creativo secreto, cuya labor es producir contenido falso para distribuirlo en las redes sociales, en contra de cualquiera que pudiera resultar incómodo para los intereses de la empresa. Desde competidores hasta políticos.
Evitar que algo como “Televisa Leaks” se repita, requiere una larga reflexión y un profundo debate por parte de nuestros legisladores. Y no la docilidad de una bola de mamarrachos, que cobran un dineral por hacer grilla y por alzar la mano para votar lo que se les ordena desde Palacio Nacional. Si la reforma Judicial se hubiera planeado y se le hubiera dispensado el tiempo necesario para la reflexión y el pensamiento crítico, muy probablemente alguno se habría dado cuenta de que, antes que cambiar a jueces y ministros, se debió haber comenzado por transformar a las fiscalías y a los Ministerios Públicos. Lo rápido simula lo mal hecho.
De todos los artículos que contiene la iniciativa de la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, el que menos gustó, y el que más ruido hizo, es aquel que le da la posibilidad al gobierno de intervenir y suspender a las plataformas digitales, si así lo considera oportuno, bajo el pretexto, de la “seguridad nacional”. En pocas palabras, el gobierno tendría la atribución de acallar cualquier mensaje que considere que atenta contra el Estado. ¿Bajo qué criterios? Pues bajo los criterios que determine la Secretaría de Gobernación, por medio de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Algo muy parecido a lo que hacía RTC, dependiente de la propia Secretaría de Gobernación, en tiempos del presidente Echeverría y de su lamentable sucesor, José López Portillo.
El viernes de la semana pasada, cuando la presidenta vio que un alud de críticas se le venía encima y, que todo apuntaba a que su iniciativa de ley comenzara a naufragar entre los ánimos caldeados de los medios de comunicación y las audiencias, se echó para atrás. Y entonces sí, casi a regañadientes, pidió a sus legisladores que se tomen el tiempo para conocer y reflexionar sobre la pretendida nueva ley. ¿Por qué siempre le tiene que dar el destino y, la terca realidad, un estate quieto a la presidenta para que haga las cosas de la manera correcta? ¿Por qué la insistencia en tratar al pueblo como si todos fuéramos niños a los que se les puede sorprender? Estamos en una democracia. Habría que preguntarle a los mexicanos qué opinan de algo tan trascendente, como lo es una ley que tendría una enorme injerencia en la manera en la que las audiencias se comunican, en una época de la historia humana, en la que cualquier hijo de vecino que cuente con un teléfono celular, tiene en su mano la posibilidad de decir cualquier cosa y de ser visto y escuchado por millones de seres humanos. No importa que lo que diga sea una patraña.
Luego de la Reforma Judicial, la reforma a los medios de comunicación era algo que ya se veía venir. Sólo era cuestión de tiempo y de que las coyunturas le permitieran la entrada. El “gobierno de la transformación” resultó ser de piel muy delgada. No les gusta que los cuestionen y, menos, que los critiquen. Esta vez no se pudo. Pero eso no significa que la presidenta vaya a desistir de sus intenciones. Si algo tiene claro el “gobierno de la transformación” es que cuando se desea algo, poco importan el talento o la experiencia, importa mucho más la perseverancia. Más temprano que tarde volverá a surgir el fantasma de la censura. Eso sí, con otro disfraz.
