La voz del cácaro | Los que no regresarán
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Sinaloa, 26 de marzo de 2026
La semana pasada, 26 malandros fueron sacados de cárceles mexicanas y, sin proceso ni explicación, el gobierno mexicano los envió a Estados Unidos. En caliente ni se siente. Si bien, estamos hablando de delincuentes de alto perfil, no es menos cierto que los expulsados nunca enfrentaron un juicio de extradición. Y es que habiendo un juicio de extradición de por medio, pudieron haber obtenido un amparo que frenara su salida de México
Tal vez ni siquiera sabían que los iban a deportar a Estados Unidos, hasta unas horas antes de que abandonaran las prisiones donde los tenían entambados. Basta imaginar la cara que debieron haber puesto el Cuini o la Tuta cuando los custodios de la cárcel les gritaron: “¡Agarra todas tus chivas porque ya te vas!” “¿A dónde?”, debió haber preguntado el aludido. “A Estados Unidos, mi niño. Te esperan unas largas, muy largas vacaciones. Allá, de donde nadie regresa”.
En otros tiempos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos habría puesto el grito en el cielo. Y es que ante las leyes mexicanas, sin importar qué tan peligroso pueda resultar un fulano, éste tiene ciertos derechos. Como el derecho de obtener un amparo. Claro que mucho cuidado tuvo Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, de nunca hablar de una “extradición”, sino de un “requerimiento de Estados Unidos”. Cuando le preguntaron en su conferencia de prensa, Gertz Manero respondió de inmediato que la deportación se hizo con base en el artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional. Y ahí es donde las cosas se tornan oscuras y no menos truculentas. Pues en el artículo quinto de dicha ley, en ningún lado se menciona que el gobierno mexicano tiene la potestad de expulsar de territorio nacional a ciudadanos mexicanos, aunque se trate de delincuentes. A menos, claro, que otro país se lo solicite. En cuyo caso, estaríamos hablando de un proceso de extradición. Con todo lo que ello implicaría. Entonces, ¿se los llevaron a la brava? Sí, tal y como sucedió en febrero pasado, cuando el gobierno mexicano hizo el primer flete de mañosos con destino a Estados Unidos, a solicitud del gobierno de Trump.
Y si Gertz Manero dijo que todo el operativo se debió a un “requerimiento” de Estados Unidos, Omar García Harfuch, el superpolicía, informó que la razón por la que los capos fueron desterrados de México, país donde nacieron, se debía a que los muy mañosos, aun estando presos, se dedicaban a delinquir desde sus celdas. O sea que, siguiendo la lógica de Harfuch, el gobierno mexicano, incapaz de controlar a tanto malandro, mejor los envió a Estados Unidos para que los gringos los metan en cintura. Allá sí se puede. Ante una explicación de ese calibre, uno ya no sabe si soltar la carcajada o ponerse a temblar. Y es que cómo se podría esperar que un gobierno controle la inseguridad que vive un país del tamaño de México, cuando dicho gobierno ni siquiera puede controlar a los malandros que están recluidos en una prisión de “máxima seguridad”. No tiene sentido.
Luego de ver la suerte que corrieron los 26 deportados, cabría preguntarse cuándo ocurrirá un nuevo “envío”. Eso dependerá, en mucho, de las presiones que los gringos ejerzan sobre el gobierno de la presidenta Sheinabaum. Bastó una llamada entre la presidenta y Donald Trump, para que México se aprestara a expulsar a algunos de sus delincuentes más valiosos. Hoy aún quedan algunos “pesados” en las cárceles mexicanas que podrían usarse como moneda de cambio. Pero el día en que se le acaben al gobierno mexicano los big names, ¿qué le vamos a mandar a los gringos? Sí. Narcopolíticos. No va a quedar otro remedio. Claro que, como se las gastan los de la 4T, no sería raro que recurrieran al viejo truco de mandar gato por liebre. Es decir, que antes que mandar gente de Morena, se deshicieran de ciertos políticos de oposición, que aunque también tienen una larga cola que les pisen, sus fechorías y latrocinios fueron cometidos en gobiernos anteriores al de López Obrador.
En este sentido, llama la atención el caso de Carlos Treviño, aquel que fuera director de PEMEX durante el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto. Treviño fue arrestado hace dos semanas en Dallas, Texas. Según la FGR, el ex director de PEMEX será extraditado a México para enfrentar un proceso judicial por supuestos vínculos en el caso Odebrecht. La reacción del gobierno mexicano fue de júbilo, como si el detenido fuese un auténtico pez gordo. No lo es. Sin embargo, la detención podría presumirse, ante el gobierno gringo y ante la opinión pública, como prueba irrefutable de que México está haciendo todo lo que está en su mano para castigar a los corruptos. De la oposición, claro está.
El caso de Treviño también podría usarse como un distractor del gobierno mexicano para tapar el escándalo de otro personaje extraditable con oscuro historial. Nada menos que Manuel Bartlett, exdirector de Comisión Federal de Electricidad, quien, se supone, ha sido solicitado por el gobierno de Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato de Enrique Camarena Salazar, agente de la DEA, ocurrido el 9 de febrero de 1985. Desde el punto de vista de los gringos, Bartlett les debe una desde aquel día. Y no van a descansar hasta tenerlo sentado en el banquillo de los acusados en una corte federal. Podría ser cierto el rumor, que ha circulado en los medios, acerca de que el nuevo titular de UIF, Omar Reyes Colmenares, solicitó hace poco el bloqueo de las cuentas bancarias, tanto del propio Bartlett como las de su hijo y su pareja sentimental. ¿Será? Lo que no se puede poner en duda es que los gringos no aflojan. Antes soltaban el calambre una vez al mes; luego fue una vez por semana. Hoy disparan todos los días. ¿Habrá juicio de extradición para los narcopolíticos o permitirá el gobierno mexicano los gringos que vengan por ellos?
