El DIF recibe y canaliza casos, pero proyectos para crear una procuraduría especializada siguen detenidos, mientras la población envejece y crece la urgencia de fortalecer su protección
Josemiguel Souza
Culiacán, Sin.- Doña Martha acude una vez al mes al hospital para recoger sus medicamentos contra la diabetes e hipertensión. Tiene 70 años de edad y su nieta la acompaña.
“Ella me ayuda, me trae y me regresa. Qué bueno, porque con el calor la verdad es que yo no podría acudir sola”, expresó.
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La señora se siente afortunada de contar con el apoyo de su familia. Sin embargo, en Sinaloa hay adultos mayores que, pese al cansancio de sus cuerpos, tienen que valerse por sí mismos.
El abandono de este sector poblacional es notorio y, a pesar de estar tipificado como delito, aún hacen falta herramientas jurídicas e institucionales que mitiguen la violencia contra los abuelos sinaloenses.
La Dirección de Asistencia Jurídica al Adulto Mayor del DIF Sinaloa, encabezada por Aristeo Arredondo, es la dependencia que recibe las quejas de familiares o de los propios adultos mayores que denuncian omisión de cuidados y violencia contra personas de la tercera edad.
Aunque no opera como una procuraduría, esta oficina realiza investigaciones sociales para determinar si una persona mayor se encuentra en estado de abandono. El equipo efectúa visitas domiciliarias para observar el entorno, las condiciones de la vivienda e incluso signos indirectos como la higiene del lugar, el uso de la pensión y el acceso a servicios médicos.
“Tratamos de involucrar a todos los familiares, hacer reuniones y llegar a un convenio. Si no hay solución, canalizamos a Fiscalía con pruebas, testimonios y documentos”, indicó Arredondo.
En cuatro años como director, se han presentado 15 denuncias ante la Fiscalía por malos tratos a personas mayores. Arredondo explicó que la violencia hacia este sector no siempre es física; también puede ser económica, particularmente cuando el adulto mayor presenta problemas de salud mental o deterioro cognitivo y un familiar se aprovecha para controlar sus recursos. “Ahí surge la violencia económica, pero para poder actuar necesitamos una denuncia o un reporte”, puntualizó.
El área que encabeza funciona como una procuraduría informal del adulto mayor, pero sin facultades legales plenas, lo que limita el acceso a información bancaria o a datos oficiales de familiares. “Nos vemos muy limitados… quizá si tuviéramos las condiciones de ser procuraduría del adulto mayor, tendríamos más facultades”, advirtió.
En enero de 2024 se recibieron 42 denuncias sociales en el departamento, aunque muchas resultaron falsas y motivadas por conflictos familiares más que por maltrato real.
“Yo me atrevería a decir que de cada diez denuncias, cinco o seis son falsas. Lo descubrimos hasta que acudimos al domicilio y vemos que es un pleito por bienes entre hermanos”, dijo el funcionario.
En 2025, el número de carpetas de investigación social ha disminuido: en los primeros ocho meses no han llegado a cien, cuando en años anteriores ya se llevaba el doble. Arredondo no atribuye esta baja a una reducción de la violencia, sino a factores como la falta de denuncias presenciales y el aumento de reportes telefónicos, que limitan la información y dificultan la canalización correcta.
Uno de los problemas más serios es que la violencia económica es difícil de probar. “Hay que acreditarla con estados de cuenta o vouchers, y eso es complicado porque los bancos limitan la información y los familiares muchas veces no colaboran”, explicó.
Además, muchos delitos son de querella, lo que significa que si el adulto mayor no quiere denunciar, la autoridad no puede actuar.
Uno de los casos que más impactó al equipo fue el de una mujer abandonada por su familia, quienes se comprometieron a cuidarla, pero nunca lo hicieron. El DIF presentó la denuncia institucional, pero antes de que la Fiscalía iniciara la carpeta de investigación, la señora falleció. “Eso lastima como sociedad y como institución. La humanidad del familiar no alcanzó”, lamentó Arredondo.
En 2023 se presentó una iniciativa para crear una procuraduría de atención al adulto mayor, pero esta no tuvo avance y hasta la fecha no ha sido sometida a votación.
Otra iniciativa pendiente es la que busca definir puntualmente los tipos de violencia que sufren las personas mayores. Tampoco ha sido aprobada, aunque el artículo 160 del Código Penal ya contempla la figura del abandono a personas mayores y establece penas de tres meses hasta tres años de prisión.
Según el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, en México habitan 17 millones 121 mil 580 personas adultas mayores, lo que equivale al 12.8% de la población total. Las proyecciones indican que para 2030 el país entrará en una etapa en la que habrá más personas mayores (14.96%) que jóvenes de entre 0 y 14 años. Para 2070, se estima que este grupo representará el 34.2% de la población.
Ante estas cifras, expertos como Arredondo consideran urgente fortalecer las instituciones para garantizar el cuidado de los adultos mayores.
La jornada arrancó con una concentración gradual de asistentes en el Parque Acuático, donde se habilitaron espacios de comida, música y actividades recreativas abiertas al público
