Aunque en la capital sinaloense no se han registrado enfrentamientos recientes, sindicaturas como Costa Rica siguen siendo puntos críticos en la disputa del Cártel de Sinaloa
Redacción / El Sol de Sinaloa
Culiacán, Sin.- En las últimas semanas, mientras las zonas urbanas de Sinaloa permanecen en relativa calma, las comunidades rurales enfrentan una creciente ola de violencia que amenaza la seguridad de sus habitantes y la estabilidad de sus economías basadas en el sector primario.
Desde que inició el conflicto entre dos facciones del Cártel de Sinaloa los enfrentamientos armados se han extendido a diversas localidades. “Por el día, en Costa Rica hay militares, pero por la noche los pistoleros andan merodeando. Ya me he topado con ellos varias veces, y temprano, desde las 10 de la noche, salen”, relató un residente, evidenciando la falta de control en la zona durante las noches.
También puedes leer: Secretario de Seguridad revela que más de 100 familias huyen de Las Víboras por violencia
La semana pasada, un “topón” entre grupos delincuenciales sembró el terror en la sindicatura de Imala. En tanto, en comunidades como Las Víboras, en Navolato, varias familias han abandonado sus hogares buscando seguridad, dejando atrás sus empleos y tierras.
Desde que el conflicto interno del Cártel de Sinaloa estalló el 9 de septiembre, Costa Rica ha sido escenario de intensos enfrentamientos. Las constantes detonaciones de armas de alto calibre alarmaron a los habitantes, quienes aún temen quedar atrapados en la línea de fuego.
En Laguna de Canachi, el 20 de octubre, un enfrentamiento entre sicarios y elementos castrenses dejó como saldo la muerte de un militar. Por otro lado, esta misma zona fue escenario de un operativo federal el 12 de noviembre, en el que se capturó a 14 presuntos sicarios, incluyendo a un menor de apenas 14 años, y se decomisaron armas y vehículos.
Lugares como Las Arenitas, en Eldorado, también han sido marcados por la violencia. Allí se registró el uso de drones explosivos, un hecho confirmado por el gobernador Rubén Rocha Moya, mientras que Sánchez Celis ha enfrentado al menos cinco bloqueos en su vialidad principal, dificultando la movilidad de sus habitantes.
Pese a la creciente violencia, las autoridades aseguran que no existen diferencias en el tratamiento de las zonas rurales y la capital sinaloense. “Es un área más extensa con menos gente, pero se entiende de la misma manera. Se trabaja igual y se aplican las mismas condiciones para garantizar la seguridad en todos los aspectos”, declaró Gerardo Mérida Sánchez.
No obstante, el fenómeno del desplazamiento forzado contradice este discurso. Aunque oficialmente no se ha reconocido, al menos 100 familias de comunidades como Las Arenitas y Las Víboras han abandonado sus hogares. “No son muchos, no hay tanto desplazamiento. En realidad, son algunas familias. Los pueblos de los que hablamos son pequeños”, comentó el gobernador Rubén Rocha Moya.
La falta de información detallada sobre los enfrentamientos genera incertidumbre entre la población. “No hay claridad por parte de la autoridad. Por la frecuencia con la que ocurren estos hechos, podemos decir que estos poblados son sitios en disputa entre los grupos criminales”, señaló Miguel Calderón, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
La violencia en las zonas rurales de Sinaloa refleja un alarmante vacío de seguridad que afecta tanto a la población como a las actividades económicas locales. A pesar de los operativos y las declaraciones oficiales, los enfrentamientos y el desplazamiento de familias evidencian que estas comunidades se encuentran atrapadas en una lucha cuyo impacto humano continúa creciendo. Resolver este problema exige un replanteamiento profundo de las estrategias de seguridad, centrado en la protección efectiva de los habitantes rurales.
