La iniciativa fue turnada a la comisión pertinente
Josemiguel Souza
El Congreso del Estado dio lectura este martes a una iniciativa que busca sancionar el uso de drones y vehículos terrestres operados a control remoto con fines delictivos, en un intento por cerrar el paso al uso de estas tecnologías para vigilar, atacar o evadir a las autoridades.
La propuesta, impulsada por la diputada Erika Rubí Martínez Rodríguez, de Morena, plantea una serie de reformas al Código Penal de Sinaloa para tipificar como delito la utilización de estos dispositivos en actos como homicidios, lesiones, ataques con explosivos o vigilancia con fines criminales. En caso de usarse drones o vehículos remotos en la comisión de un homicidio, la pena podría incrementarse hasta en una mitad.
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Además, se contemplan penas de 10 a 20 años de prisión para quienes empleen drones o vehículos terrestres a control remoto para espiar, arrojar objetos peligrosos o impactar contra personas o bienes con intención de causar daño. Las sanciones se aplicarían salvo que se trate de delitos del orden federal.
Durante la sesión también se dio lectura a otras cuatro iniciativas de ley:
Protección de la niñez: Morena propuso endurecer las penas por homicidio doloso, elevando la sanción base de 12 a 24 años, y hasta 50 años cuando la víctima sea menor de edad.
Requisitos para contralores municipales: La diputada del PVEM, Martha Yolanda Dagnino, planteó que quienes aspiren a ser titulares del Órgano Interno de Control de los Ayuntamientos no hayan ocupado cargos políticos o administrativos clave en los cuatro años previos.
Salud auditiva infantil: El PRI presentó una reforma a la Ley de Salud del Estado para incluir los implantes cocleares como servicio básico para niñas y niños menores de cinco años, en función del resultado del tamiz auditivo.
Educación en contextos de riesgo: Movimiento Ciudadano propuso un protocolo de seguridad que permita activar clases a distancia cuando existan amenazas a la seguridad, salud o infraestructura de los planteles educativos.
Las iniciativas fueron turnadas a comisiones para su análisis y dictaminación. Con ellas, el Congreso busca responder a realidades crecientes en el ámbito de la seguridad, la niñez y el sistema educativo del estado.
