La CEDH advierte una nueva ola de desplazamientos y pobreza extrema, mientras familias de Badiraguato sobreviven en la Bicentenario sin luz ni apoyo
Dheyna Brito / El Sol de Sinaloa
Culiacán, Sin. - El desplazamiento forzado continúa marcando las periferias de Culiacán, mientras las cifras oficiales de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) siguen generando dudas. De acuerdo con la dependencia, el registro histórico de familias desplazadas en Sinaloa asciende a 3,309, y solo durante este año reportan 1,763 familias activas, de las cuales 652 corresponden a Culiacán.
Sin embargo, organizaciones civiles, testimonios comunitarios y la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) advierten que el número real podría ser mucho mayor. “Existe una cifra negra de desplazamientos que el Estado no ha podido contabilizar”, reconoció el ombudsman sinaloense, Óscar Loza Ochoa.
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El gobierno estatal ha incorporado la categoría de “desplazamiento preventivo” para describir algunos de estos casos, un término ajeno a la ley local que especialistas consideran ambiguo y que diluye el reconocimiento del desplazamiento forzado como consecuencia directa de la violencia. La aplicación de esta figura ha permitido reducir artificialmente el número de víctimas reconocidas y presentar una aparente contención del fenómeno.
En Sinaloa existe una Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, vigente desde 2020, que obliga al Estado a garantizar vivienda, seguridad, atención médica, educación y condiciones para el retorno. Sin embargo, cinco años después de su publicación, los mecanismos de aplicación siguen ausentes o incompletos.
Para Sibely Cañedo, investigadora y especialista en temas de desplazamiento forzado, el problema no radica únicamente en los registros incompletos, sino en la ausencia total de políticas efectivas.
“A pesar de que existe una ley desde 2020, aún no se cuentan con programas que respondan a este tipo de crisis. Las personas se están desplazando y, en lugar de recibir apoyo gubernamental, se refugian donde pueden”, explicó.
Cañedo advierte que las familias desplazadas no han sido reconocidas como víctimas plenas, lo que les impide acceder a vivienda, salud o reparación del daño.
“El desplazamiento no termina cuando las familias llegan a la ciudad; continúa en la precariedad y el abandono. Si el Estado no garantiza condiciones para el retorno o la integración, lo que se perpetúa es la marginación”, sostuvo.
La especialista recordó que SEBIDES encabeza la mesa intersecretarial encargada de atender el fenómeno, pero hasta ahora “no se observa una respuesta integral”.
“Hay evidencia pública de comunidades que siguen huyendo. La autoridad está obligada por ley a atenderlas, estén registradas o no. La atención debe ser inmediata y con medidas de protección”, agregó.
La investigadora insiste en que el desplazamiento forzado tiene una “cifra gris” de víctimas no incluidas en los padrones.
“Si hay mil 700 familias reconocidas, la realidad puede ser dos o tres veces mayor. Es un fenómeno difícil de documentar, pero eso no exime al Estado de su responsabilidad”, apuntó.
Las palabras de Cañedo se reflejan en lo que ocurre a la orilla del basurón municipal de Culiacán. En la colonia Bicentenario, un grupo de familias desplazadas de Badiraguato ha improvisado viviendas con láminas, madera y cables colgando.
Ahí vive Alejandro, quien huyó hace un año y medio con su esposa e hijos después de la violencia en su comunidad. Hoy sobrevive pepenando plástico entre los desechos, mientras intenta mantener su casa en pie.
“Somos pepenadores. Antes el PET estaba a siete pesos, ahora a tres. Si antes ganábamos 500, ahora 50. Ya llevamos más de un año aquí y nadie nos ha ayudado, solo a veces el DIF”, relata.
Su mayor preocupación es algo elemental: la luz eléctrica.
“Lo que más urge es la luz. El calor se vuelve insoportable en las noches.”
A unos metros vive Ana, madre de un niño con hidrocefalia, quien explica que se conectan con cables improvisados entre tres casas.
“Cuatro días sin electricidad con un niño enfermo, imagínese. A veces cooperamos para tener luz, pero no siempre se puede. No queremos que nos regalen nada, solo que nos pongan un transformador cerca”, pide.
Entre las montañas de basura, Alejandro recuerda una escena que lo marcó.
“Un día vi el cuerpo de un hombre tirado, se le veían las costillas. Todos sabíamos de quién era y quién lo había hecho, pero aquí nadie habla. Por miedo, por costumbre, por sobrevivir. Hay cosas muy atroces que pasan y mejor uno calla.”
La historia de estas familias fue confirmada por el presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa, quien advirtió una nueva ola de desplazamientos forzados en Sinaloa y la profundización de la pobreza extrema en colonias periféricas como Bicentenario.
“En Sinaloa se vive una nueva etapa de desplazamientos forzados, principalmente en comunidades de la sierra. Hay una cifra negra que las autoridades no han logrado contabilizar”, señaló.
Aunque evitó acusar directamente a SEBIDES de manipular los datos, reconoció que “siempre se escapan números importantes en el terreno del desplazamiento”. Como ejemplo, relató el caso de una maestra de Badiraguato que informó a la CEDH sobre doce comunidades desplazadas recientemente, entre ellas Los Jalicitos, La Tuna y Huichopa, todas afectadas por la violencia.
Loza Ochoa también confirmó que la Comisión mantiene comunicación con su homóloga en Durango para registrar a las familias sinaloenses que se han refugiado en ese estado.
“Tenemos una parte del fenómeno que son los que están yendo a Durango; no sabemos cuántos son. Le hemos pedido a la Comisión de Durango que nos ayude a registrarlos y atenderlos”, detalló.
El organismo planea visitar esta semana la colonia Bicentenario, donde viven decenas de desplazados en condiciones críticas.
“Hay madres con hijos enfermos, por ejemplo una de ellas tiene un hijo con hidrocefalia, y las condiciones en las que viven son muy precarias. La autoridad tiene que estirar presupuestos y medidas, pero tiene que ayudar a resolver el problema”, enfatizó.
Para Cañedo, las declaraciones de la CEDH confirman lo que las organizaciones civiles han advertido desde hace meses: el desplazamiento forzado se ha urbanizado, y las familias desplazadas ahora se mezclan con la pobreza estructural de las periferias.
“La frontera entre desplazamiento y marginación se ha vuelto invisible. Las familias que huyeron por violencia ahora viven entre basura, sin luz ni agua, y eso también es una forma de violencia”, concluye.
El presidente de la CEDH coincidió en que el desplazamiento y la pobreza se retroalimentan mutuamente.
“La población que tiene que salir por razones de violencia y la que vive en precariedad extrema no pueden quedar sin apoyo. Estos casos exigen eficiencia y sensibilidad”, afirmó.
Mientras tanto, las despensas sustituyen a la política pública y los censos se utilizan como herramienta de control más que de atención. Entre cables colgando, casas de cartón y el olor del basurón, las familias desplazadas sobreviven a la intemperie de la indiferencia.
El desplazamiento forzado en Sinaloa no es un fenómeno del pasado ni una estadística aislada. Es la realidad diaria de quienes fueron expulsados por la violencia y olvidados en la periferia de una ciudad que no los mira.
