Deuda millonaria con el SAT recorta en 80% el presupuesto de obra pública en Sinaloa

El gobierno deberá pagar más de 2 mil millones de pesos al SAT, impactando directamente en los recursos para infraestructura

QUIRINO ORDAZ — Quirino Ordaz es embajador de México en España, enviado allá por López Obrador. / Cortesía/Quirino Ordaz

Josemiguel Souza

El presupuesto estatal para obra pública en Sinaloa sufrirá una reducción significativa en 2025, ya que casi el 80% del recurso proyectado fue recortado debido a una deuda heredada de la administración de Quirino Ordaz Coppel.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el cobro de 2 mil 200 millones de pesos al Gobierno del Estado, desechando los recursos legales interpuestos por el Poder Ejecutivo local. Mientras tanto, se inició una investigación para determinar responsabilidades sobre este adeudo.

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El origen del problema

En 2021, el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES) mantenía un convenio con el SAT federal que le permitía realizar auditorías fiscales a contribuyentes. Sin embargo, ese año, el SATES no evaluó correctamente a empresas como Grupo Arhe y Grupo Coppel, esta última vinculada al entonces gobernador Quirino Ordaz Coppel.
Gabriel García Coppel, exdirector del SATES, fue señalado inicialmente como responsable de las irregularidades fiscales.
Aunque el conflicto comenzó antes de que Rubén Rocha Moya asumiera la gubernatura, el caso salió a la luz pública el 23 de noviembre de 2023, tras un fallo inicial favorable al SAT. Posteriormente, el gobierno estatal interpuso una controversia ante la Suprema Corte, pero el fallo definitivo ratificó la sanción que obliga a Sinaloa a pagar los 2 mil 200 millones de pesos.
“Estamos viendo cómo y de dónde vamos a sacar el dinero para pagar, pero al SAT hay que pagarle”, expresó el gobernador Rocha Moya el 24 de noviembre al informar sobre la resolución judicial.

Recortes al presupuesto de obra pública

A partir del 1 de enero de 2025, el gobierno estatal comenzará a cubrir la deuda, para lo cual se realizaron ajustes en el presupuesto de egresos. Uno de los más drásticos fue la reducción del recurso destinado a la Secretaría de Obras Públicas, que pasó de 2 mil millones de pesos proyectados a apenas 417 millones.
“Son 2 mil 200 millones, entonces esto nos afectó gravemente en la obra pública. De lo que teníamos planeado, solo pudimos asignar 417 millones”, explicó Joaquín Landeros Huicho, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Buscan alternativas con el SAT

A pesar del fallo definitivo, el gobierno estatal busca negociar con el SAT para minimizar el impacto presupuestal. Sin embargo, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local recordó que esta deuda se suma a los 1,500 millones de pesos pendientes por un préstamo solicitado a la Federación para el programa de comercialización de maíz del año pasado.
“Hemos estado en constante cabildeo con el Poder Ejecutivo, buscando un apoyo extraordinario que permita complementar los recursos para obra pública”, comentó la legisladora.

ROCHA MOYA — El gobernador Rubén Rocha ha señalado que se investigará a los responsables. / Cortesía/Gobierno

Críticas y exigencias de la oposición

La drástica reducción en el presupuesto ha generado descontento entre políticos de oposición. Bernardino Antelo, coordinador del PRI en el Congreso, calificó el panorama económico para 2025 como crítico y señaló que la situación podría frenar iniciativas dirigidas a sectores vulnerables, como pequeños productores agrícolas y ganaderos.

“El recorte no solo afecta programas estatales, sino que también podría impactar el desarrollo económico y social en Sinaloa”, advirtió.
El PRI también exigió que se finquen responsabilidades contra quienes ocasionaron esta deuda, postura respaldada por el gobernador Rocha Moya durante una reciente conferencia de prensa.

Investigación en curso

La Secretaría de Transparencia inició una investigación para deslindar responsabilidades en torno a este caso, la cual podría derivar en sanciones administrativas o denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado.

“No exculparemos a nadie. Todo debe resolverse conforme a derecho”, afirmó Rocha Moya.

Otro personaje señalado en el contexto de esta problemática es Javier Gaxiola Coppel, exsecretario de Economía, quien en 2023 minimizó la posibilidad de que el cobro de la deuda millonaria procediera.
Gaxiola dejó el gabinete estatal supuestamente para enfocarse en sus actividades empresariales. Su salida ocurrió antes de lo previsto y ni siquiera asistió al tercer informe de gobierno de Rocha Moya en el Congreso.

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