Mario Núñez
La iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales podría generar efectos negativos en la productividad, incrementar los costos operativos y fomentar la informalidad, advirtió Julio César Silvas Inzunza, presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes (ADECEM).
El dirigente empresarial señaló que en ejercicios realizados por algunas compañías, la reducción de horas laborales no necesariamente se tradujo en mayor eficiencia.
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Asimismo, explicó que se replicaron dinámicas observadas en grandes ciudades como la Ciudad de México, donde los viernes se convierten en jornadas de baja productividad, conocidas como “viernes chiquito”.
“El problema no es cuántas horas se trabajan, sino qué tan productivo se es. Y esa responsabilidad no recae únicamente en los trabajadores, también depende de la organización y planeación de las empresas”, expresó.
Silvas Inzunza alertó que una aplicación generalizada de la medida podría empujar a muchas empresas hacia la informalidad, al no contar con la capacidad financiera para cubrir la reducción de horas sin afectar su operación.
En ese sentido, subrayó que la mayoría de los negocios mantienen actividades los siete días de la semana, por lo que una menor jornada implicaría la contratación de más personal.
Impacto laboral, críticas a legisladores y detalles de la reforma
“Para cubrir la ausencia de trabajadores habría que contratar más gente, lo que incrementa los costos laborales y reduce la rentabilidad de los negocios”, sostuvo.
Asimismo, cuestionó la postura de algunos legisladores que impulsan la reforma sin considerar la realidad del sector productivo. Indicó que existe una desconexión entre el trabajo legislativo y las condiciones que enfrentan diariamente quienes generan empleo.
“Los diputados deberían conocer de primera mano lo que implica abrir, mantener y hacer crecer una empresa. Muchas decisiones se toman desde el escritorio, sin sensibilidad hacia las comunidades que representan”, afirmó.
De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, la reforma plantea una reducción gradual de la jornada laboral a partir de 2026, sin disminución salarial, además de nuevas disposiciones sobre el pago de horas extra y la implementación de un registro electrónico del tiempo de trabajo.