Un total de 19 agentes municipales y estatales han sido asesinados en medio de la guerra entre grupos criminales
Josemiguel Souza
“Claro que tenemos miedo de ponernos el uniforme, porque no sabemos si vamos a regresar a nuestras casas“, comentó un agente.
Desde que inició el conflicto entre grupos delincuenciales de Sinaloa, las corporaciones de seguridad han tenido varias bajas; la mayoría han sido emboscados por civiles armados.
Uno de los gremios que ha sido notoriamente lacerado por el conflicto entre grupos delincuenciales han sido los cuerpos policiacos locales, los cuales han perdido a 19 elementos a manos de civiles armados.
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El caso más reciente fue el plagio y posterior hallazgo de los cuerpos de Ezequiel, Joel Alberto y Petra Emilia, Policías Municipales de Culiacán que fueron “levantados” el 28 de febrero y localizados sin vida el domingo 2 de marzo en las inmediaciones de Costa Rica.
Esta problemática ha causado que el colectivo Guerreros Azules, conformado por agentes retirados y viudas de policías, exijan un protocolo de seguridad para salvaguardar la integridad de los uniformados.
El conflicto entre grupos delincuenciales comenzó el 9 de septiembre del 2024, después de que Ismael “El Mayo” Zambada acusara a otra fracción criminal de secuestrar y entregarlo al gobierno de Estados Unidos el 25 de julio.
A finales del mes patrio, la corporación policiaca de Culiacán fue objeto de una revisión de armamento y hasta les aplicaron exámenes de control y confianza las autoridades federales. El municipio se quedó sin policías hasta el 28 de octubre, cuando los primeros elementos retomaron sus labores después de ser evaluados.
En total fueron reprobados 12 elementos, de los cuales no se especificaron los motivos. Poco antes de la evaluación, el 12 de septiembre, Raúl Demetrio, ex subdirector de la Policía Municipal de Culiacán, fue asesinado en la sindicatura Las Tapias, dando inicio a una serie de atentados contra las corporaciones policiacas.
El 19 de septiembre perdió la vida en acción Jesús Eduardo Paredes, policía municipal y subinspector en Mazatlán. La violencia se intensificó el 25 de octubre en Navolato, cuando dos policías fueron abatidos mientras vigilaban la zona de San Pedro, y continuó el 10 y 12 de noviembre con el asesinato de Simón Malpica Hernández, ex titular de la SSP de Mazatlán, y de Jesús “N”, ex comandante de la Policía Municipal y miembro del Grupo Jaguar, respectivamente.
Ramón Alberto, agente de la Policía Municipal de Culiacán, fue hallado sin vida el 20 de noviembre en Quilá tras desaparecer dos días antes. Apenas dos días después, el 22 de noviembre, Benjamín “N”, ex subdirector de la Policía Municipal, fue asesinado en un restaurante de Culiacán, un ataque que cobró la vida de dos personas adicionales, y el 25 de noviembre se sumó el asesinato de Juan Ramón “N”, ex Secretario de Seguridad Municipal de Mazatlán.
La violencia se intensificó a finales de noviembre: el 28 de noviembre se registró el hallazgo sin vida de Francisco Javier “N”, comandante de la Policía Estatal Preventiva, en la carretera La Costerita, mientras que el mismo día Héctor Gabriel “N”, policía municipal de Culiacán, fue asesinado en la comunidad El Quemadito.
El 30 de noviembre, Francisco Alejandro “N”, del Grupo Linces de la Policía Municipal de Mazatlán, fue abatido, y el 3 de diciembre, Juan Pablo, policía municipal de Navolato, fue encontrado sin vida en San Pedro.
En diciembre y a inicios de 2025, la escalada de violencia no mostró tregua. El 6 de diciembre, un policía estatal fue asesinado cerca del Aeropuerto Internacional de Culiacán mientras otros cuatro agentes resultaron heridos.
El 7 de enero de 2025, Juan Carlos Vázquez Ayala, comandante de la Policía Municipal de Culiacán, fue abatido a balazos mientras se dirigía a su trabajo, y el 23 de enero, dos efectivos de la SSPyTM de Culiacán, identificados como Ojeda Merino Isidro y Medrano Barraza Jasiel, fueron asesinados frente al Parque Culiacán 87, evidenciando la implacable escalada de la violencia en la región.
Otra corporación que también ha sido objetivo de los civiles armados es la Fiscalía General del Estado, siendo el último ultimado un agente identificado como Jesús Iván. Aproximadamente 4 personas adscritas al organismo de procuración de justicia han sido víctimas.
Ante los constantes decesos de policías municipales, la asociación civil Guerreros Azules, conformada por elementos jubilados y viudas de policías, presentó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos un protocolo de protección para los uniformados el pasado miércoles 4 de marzo.
Dentro de las medidas se propone que los policías sean acuartelados o por lo menos escoltados a sus domicilios al término de su turno, también que siempre anden armados y que los patrullajes se hagan en compañía de elementos del Ejército o Guardia Nacional.
Según la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública, Verona Hernández, ya se aplica el protocolo de patrullaje interinstitucional para salvaguardar la integridad de los agentes.
Estas expresiones surgieron después del asesinato de tres jóvenes policías municipales de Culiacán, los cuales fueron privados de su libertad el 28 de febrero y localizados sin vida el 3 de marzo en las inmediaciones de la sindicatura de Costa Rica.
Hartas por la manera en la cual las autoridades le dieron trato al asesinato de Emilia, el 6 de marzo se manifestaron un grupo de policías y agentes de tránsito mujeres en el Ayuntamiento de Culiacán, de donde salieron descontentas ante la nula respuesta de las autoridades.
En este contexto de violencia se han registrado más de 100 jubilaciones anticipadas de elementos policiacos de Culiacán, según una revisión hecha por El Sol de Sinaloa en las sesiones de cabildo.
Actualmente hay alrededor de mil policías municipales para cubrir todo el municipio de Culiacán, algo que según las estadísticas es una cifra deficiente, según la regidora del PRI Erika Sánchez.
