Comunidades indígenas reciben apoyos sin precedentes, pero la distancia, la falta de caminos y la atención médica insuficiente siguen marcando su día a día en Sinaloa
Dheyna Brito / El Sol de Sinaloa
A pesar de que el gobierno de Sinaloa presume avances históricos en apoyos a pueblos originarios, persisten dudas sobre si estas acciones realmente garantizan el bienestar de las comunidades indígenas, especialmente ante el grave problema del acceso a caminos y la falta de servicios de salud que sigue poniendo en riesgo la vida de miles de familias.
Aunque eventos como la Expo Artesanal “Mujer Indígena 2025”, organizada el 28 de junio en Los Mochis, buscan visibilizar el trabajo de mujeres indígenas, representantes de comunidades yoremes advierten que persisten deficiencias estructurales que limitan el alcance de los programas gubernamentales.
También puedes leer: Alcalde confirma construcción de viviendas del Bienestar este segundo semestre del año
Según datos de la Secretaría de Bienestar (SEBIDES) y del Consejo para la Concertación y Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sinaloa (COPACIS), desde el 2024 se ha beneficiado a 20 579 familias indígenas con una inversión superior a 27 millones de pesos. Entre los apoyos entregados destacan 10 700 despensas, 5 018 paquetes con láminas y cobijas, 132 proyectos productivos y la entrega de 3 802 títulos de certeza jurídica de viviendas. También se reportan 178 servicios médicos, 60 apoyos funerarios y atención a casi 70 mil habitantes con agua en comunidades afectadas por la sequía.
Para Hortensia López Gaxiola, activista y trabajadora de la Secretaría de Bienestar, “hay comunidades que jamás se les había atendido, que ni siquiera estaban en el catálogo de comunidades indígenas”. Subrayó que ahora muchas personas saben que “hay un lugar donde pueden acudir (…) para temas médicos, funerarios, documentos o cualquier inquietud”. “No te digo que ahorita todo sea maravilloso (…) pero creo que se ha avanzado mucho y que estamos en el camino correcto”, expresó.
Voces indígenas coinciden en que, aunque existen deficiencias, estas políticas contrastan con décadas de olvido. López Gaxiola explicó que varias iniciativas actuales, como la entrega de granos o láminas, surgen de propuestas de colectivos indígenas que antes no eran escuchadas. “Hay comunidades que ni aparecían en los registros y hoy reciben apoyos básicos que en otros sexenios no había pasado”, destacó.
Almaldina Romero Valenzuela, de origen yoreme y maestra de primaria en Cuitaboca, una de las comunidades con más difícil acceso y con gran concentración de tarahumaras desplazados de Chihuahua, relató cómo las condiciones de su comunidad mejoraron respecto a gobiernos anteriores: “Antes, ni volteaban a vernos. Ahora, cada dos o tres meses llegan granos como frijol y maíz. También hubo talleres para que mujeres aprendieran a elaborar artesanías con hoja de pino y así generar ingresos. Es una buena fuente de empleo, pues pueden vender sus productos cuando bajan al pueblo o por redes sociales”.
El principal obstáculo para garantizar derechos básicos sigue siendo el pésimo estado de los caminos. La carretera Cuitaboca es apenas un paso, pero hay decenas de comunidades incomunicadas. Romero detalló que “el camino a Cuitaboca puede tardar de tres a cinco horas, y con lluvias se pone intransitable. Antes iba una doctora cada mes a controlar embarazos y enfermedades crónicas, pero hace un año que no sube nadie. En emergencias, la gente debe bajar hasta Sinaloa, lo que es un peregrinar”.
López Gaxiola confirmó y aseguró que está “junto con pegado” el problema de la salud con la carretera, aunque se mantiene optimista ya que, según relata, hay avances. Destacó que esta situación no es solo para las comunidades cercanas a Cuitaboca, sino que otros pueblos con gran presencia indígena padecen lo mismo: “Hacen falta caminos para zonas de muy difícil acceso. Hay lugares donde las personas pueden hacer hasta dos días de camino para llegar a un hospital”, propuso.
Romero criticó que los programas llegan sin consultas reales con las autoridades tradicionales. “Así de consultar, no. Los programas solo llegan y luego avisan. A veces hay reuniones en la Casa Ejidal con representantes del ayuntamiento, pero el acceso es tan complicado que los carros de los funcionarios se quedan atorados”, explicó. Añadió que la dispersión de las viviendas dificulta los censos y la distribución de apoyos, pues “las casas están a kilómetros unas de otras”.
Romero también opinó sobre el polémico concurso de la danza del venado: “En Cuitaboca no se practica la danza del venado; allá se hace la danza del pascola, que es diferente. La danza del venado es más propia de los mayo-yoremes. Aquí no lo vemos como una ofensa, pero entiendo que para otras comunidades pueda serlo”.
Mientras el gobierno presume una inversión de más de 61 millones de pesos para atender la sequía, la falta de infraestructura vial sigue siendo el principal problema para transformar estos programas en un cambio duradero. Gobernadores tradicionales han denunciado irregularidades en la entrega de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y la imposición de autoridades, señalando que las decisiones siguen siendo centralizadas y asistencialistas.
El contraste entre los apoyos entregados y las carencias persistentes revela un panorama complejo: por primera vez en décadas se destinan recursos directos a comunidades históricamente marginadas, pero sin caminos accesibles, garantizar el derecho a la salud y otros servicios básicos sigue siendo un reto mayúsculo para el gobierno de Sinaloa.
