El gobierno estatal solicitó un préstamo de 2 mil 300 mdp, generando preocupación entre integrantes de diversas asociaciones civiles, quienes consideran que estos recursos no están realmente enfocados en la reactivación económica del estado
Josemiguel Souza
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Culiacán, Sin.- La Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa (RECIAS) manifestó su inquietud por este crédito promovido por el gobernador Rubén Rocha Moya, señalando que el historial de opacidad en el gobierno despierta dudas sobre cómo se ejercerá este dinero.
Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa, detalló que solo el 53 por ciento de las obras realizadas por la secretaría estatal cumple con los requisitos de transparencia, y en el caso de las adjudicaciones directas, únicamente el 31 por ciento sigue las obligaciones establecidas.
El monto solicitado será destinado exclusivamente a obras públicas en los 20 municipios del estado, un hecho que, según la activista, genera inquietud debido a los altos índices de opacidad en este rubro.
En este contexto, se suma la preocupación de la sociedad civil ante la desaparición inminente de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), sin que se haya definido qué entidad garantizará la transparencia en la gestión de estos recursos.
“Nos preocupa mucho la rapidez con la que los diputados aprobaron este crédito, así como saber quiénes y qué empresas estarán a cargo de estas obras, y si serán licitaciones o adjudicaciones directas. Pedimos al gobierno que transparente toda esta información sobre los proyectos a realizarse”, comentó León Fontes.
Los activistas propusieron la creación de un micrositio web donde se rindan cuentas a la ciudadanía, además de que las asociaciones civiles formen parte de una comisión vigilante del ejercicio de este recurso.
Otro punto cuestionado fue que el plan de reactivación económica, en el que se incluyó este préstamo, no contempla recursos adicionales para reforzar la seguridad en el estado, a pesar de que la inseguridad ha sido una de las principales causas del cierre de negocios.
Finalmente, RECIAS exigió que se finquen responsabilidades por la deuda de 2 mil 200 millones de pesos generada durante el sexenio de Quirino Ordaz Coppel debido a irregularidades con el SAT. Según señalaron, esta deuda fue el detonante para que Rocha Moya solicitara el préstamo.
Desde su perspectiva, las irregularidades financieras cometidas durante la administración anterior constituyen un delito que debe ser perseguido penalmente. Sin embargo, criticaron que las autoridades se han limitado a expresar públicamente su intención de actuar contra los responsables, sin que hasta el momento haya acciones concretas.
