Los trabajadores retirados indicaron que no van a participar en la consulta
Josemiguel Souza
La dirigente explicó que la asociación agrupa a alrededor de mil 200 jubilados en todo el estado, y advirtió que ya se acordó emprender nuevas acciones de protesta en defensa de las prestaciones.
Culiacán, Sin.- La consulta universitaria sobre la reingeniería financiera en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) avanza en medio del rechazo abierto de asociaciones de jubilados y trabajadores retirados, quienes denuncian que el proceso vulnera sus derechos adquiridos y busca justificar recortes en sus prestaciones.
Florina García, presidenta de la Asociación de Jubilados de la UAS, aseguró que el gremio no participará en la votación, pues la consideran una medida “fast track” que pretende imponer un nuevo fideicomiso en perjuicio de quienes ya se encuentran en retiro.
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“Los jubilados no vamos a votar. Ya tenemos experiencia, porque después de ocho años de lucha ganamos un fallo del Supremo Tribunal de Justicia contra un fideicomiso similar. Ahora quieren repetir la historia, pero no vamos a permitir que nos quiten lo poco que tenemos, sueldos de apenas 200 pesos más por quincena”, señaló.
Por su parte, Antonio Medrano, también jubilado universitario, calificó la consulta como “una mutilación de derechos laborales” y denunció que la administración presiona a los trabajadores activos para que voten a favor del proyecto.
“Es un proceso amañado que busca justificar recortes de hasta 25% en el ingreso anual de los trabajadores, incluyendo jubilados. Nos quieren imponer un fideicomiso del que ya hay antecedentes de malos manejos y hasta hoy más de mil trabajadores siguen esperando que se les devuelva dinero retenido indebidamente”, afirmó.
El exacadémico cuestionó que se responsabilice a los jubilados de la crisis financiera de la UAS, cuando el problema, dijo, radica en la contratación excesiva de personal de confianza y el dispendio en gastos administrativos.
“Los trabajadores no somos culpables de la mala administración universitaria. No es cierto que exista una doble jubilación como lo ha planteado la rectoría; el Seguro Social paga una pensión por los años cotizados y la universidad está obligada a cumplir con lo establecido en el contrato colectivo”, puntualizó.
Ambos coincidieron en que la medida pretende mostrar a la Secretaría de Hacienda y a la SEP que la universidad puede resolver sus problemas financieros reduciendo el gasto en nómina, en lugar de transparentar sus cuentas o exigir recursos extraordinarios al gobierno federal.
Los jubilados adelantaron que, de aprobarse la reingeniería financiera, continuarán con movilizaciones y recursos legales para frenar lo que califican como un intento de despojo.
