La denuncia surge luego de que un informe del Estado mexicano reportara 64 acciones de búsqueda en un caso de desaparición en el sur de Sinaloa; las madres señalan que esos operativos no ocurrieron como se describen
Dheyna Brito / El Sol de Sinaloa
Culiacán, Sin.- Madres rastreadoras denunciaron presuntas inconsistencias en el informe que el Estado mexicano envió al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, al asegurar que es falso que se hayan realizado 64 operativos de búsqueda como se reportó en ese documento oficial.
El documento, titulado “Informe del Estado mexicano en respuesta a la solicitud del Comité contra la Desaparición Forzada transmitida el 15 de enero de 2026”, corresponde a la Acción Urgente AU 2212/2026, un mecanismo internacional mediante el cual la ONU da seguimiento a casos de desaparición y solicita información directa al Estado mexicano sobre las acciones emprendidas.
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De acuerdo con ese informe, fechado el 17 de febrero, se habrían realizado “64 acciones de búsqueda generalizada en territorio estatal”, además de rastreos remotos y jornadas de visibilización en Mazatlán. También se sostiene que el caso fue atendido desde el primer momento de manera “diligente, integral y exhaustiva”.
Sin embargo, las madres rastreadoras rechazan esa versión.
“La persona encargada de contestar los documentos a la ONU está mintiendo al decir que se hicieron 64 operativos hacia una persona desaparecida en Mazatlán”, señalaron.
Añadieron que según lo que han documentado las familias, la Comisión Estatal de Búsqueda no participó en la búsqueda en la zona de El Verde, en Concordia, por lo que consideran que el informe oficial no refleja lo ocurrido en campo.
Denuncian también que se atribuyen a la Comisión Estatal de Búsqueda acciones que, según afirma, no corresponden a sus facultades en ese tipo de operativos en Mazatlán, lo que genera dudas sobre la veracidad del reporte entregado a instancias internacionales.
El señalamiento se da tras los hallazgos registrados a finales de enero y la continuidad de las labores de búsqueda en fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, en Concordia, una zona serrana donde en los últimos años han coincidido la actividad minera —particularmente proyectos de exploración de empresas como Vizsla Silver— y un recrudecimiento de la violencia.
En ese mismo territorio, colectivos de búsqueda han localizado restos humanos y denunciado reiteradamente la falta de información oficial, retrasos en las diligencias y escasa coordinación con las familias, pese a la magnitud de los hallazgos.
El informe detalla, paso a paso, lo que las autoridades aseguran haber hecho tras la desaparición. Señala que, desde que se tuvo conocimiento del caso, se abrió un expediente de búsqueda en Sinaloa y se activaron distintos mecanismos institucionales para intentar localizar a la persona.
Señala que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa abrió un expediente formal del caso bajo el folio CEBPSIN-RZS-0074/2025, además de un Folio Único de Búsqueda, tras tener conocimiento de la desaparición.
Entre las acciones, se menciona que el 21 de febrero de 2025 se solicitaron datos a dependencias de salud, seguridad y otras áreas del gobierno, tanto estatal como federal, para revisar si existía algún registro o pista. Según el propio documento, esas consultas no arrojaron resultados.
Asimismo, el documento refiere que el 10 de diciembre de 2025 se llevaron a cabo actividades de “búsqueda de visibilización” en Mazatlán, específicamente en el centro comercial Plaza Acaya, el Hospital General y Plaza Galerías, con el objetivo de recabar información que ayudara a la localización.
El informe reconoce que, pese a estas acciones, hasta la fecha no se ha logrado dar con el paradero de la persona desaparecida.
Además, las autoridades estatales sostienen que el caso ha sido atendido desde el inicio y que las diligencias se han realizado conforme a la ley, con personal capacitado y bajo coordinación entre instancias estatales y federales.
Finalmente, el documento asegura que se ha mantenido comunicación con los familiares durante el proceso y que existe una política de apertura para compartir información sobre la búsqueda.
