Múltiples casos de presuntos abusos del Ejército Mexicano permanecen impunes bajo un clima de opacidad y silencio institucional en Sinaloa. Defensores de derechos humanos advierten que la Defensa prioriza su imagen sobre la verdad y que la justicia solo avanza bajo presión social o internacional
Dheyna Brito / El Sol de Sinaloa
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En Sinaloa, los casos en los que se acusa al Ejército Mexicano de violaciones graves a derechos humanos están envueltos en un manto de secretismo. El acceso a la información, la transparencia institucional y la rendición de cuentas se ven obstaculizados cuando los presuntos responsables portan uniforme militar. Miguel Ángel García, defensor histórico de derechos humanos en la entidad, y Óscar Loza, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sinaloa, ofrecen una mirada crítica sobre los mecanismos de impunidad que perpetúan estos abusos.
“La impunidad que nos agobia, que nos lacera, que nos lastima a todos, hoy más que nunca está más vigente”, sostuvo Miguel Ángel García, quien lleva décadas documentando y denunciando abusos cometidos por las fuerzas armadas.
Según el activista, el Ejército ha operado históricamente como una institución opaca, marcada por masacres, represión y una corrupción que ha llegado a niveles alarmantes. “El Ejército se ha convertido en verdugo de la nación, de la sociedad, de los mexicanos”, dijo en entrevista.
El acceso a la verdad sigue siendo una deuda pendiente. Y en el centro de esta deuda están las víctimas —en su mayoría mujeres, niñas y niños— que han sido violentadas en silencio, sin justicia y sin nombre.
Casos sobran. En 2007, en Ajoya de los Martínez, municipio de Sinaloa de Leyva, testigos relataron que un convoy militar abrió fuego contra civiles, incluyendo mujeres y niños. “¡No tiren, vienen mujeres y niños!”, gritaron, pero nadie escuchó. La versión oficial se diluyó entre comunicados tibios y expedientes clasificados. Ningún soldado pisó la cárcel.
Un año después, en 2008, otra operación militar terminó en muerte en Santiago de los Caballeros, zona serrana de Badiraguato. De nuevo, los disparos, el miedo, y luego el silencio. Esa comunidad, irónicamente, es vecina del lugar donde hoy se repite el horror: el ataque a las niñas Alexa y Leidy, quienes viajaban con su familia cuando elementos del Ejército presuntamente dispararon contra su vehículo. Han pasado semanas desde ese ataque, y la Defensa no ha proporcionado nombres, sanciones ni avances claros. Lo que hay es lo de siempre: una promesa de “investigación” y una defensa institucional que pone el prestigio militar por encima del derecho a la verdad.
Mientras tanto, en 2011, Leslie, una adolescente, fue herida de bala en la nuca en la colonia Antonio Nakayama, en Culiacán. Militares dispararon en un operativo. ¿Consecuencias? Ninguna conocida. La familia vivió el dolor y la impunidad. La Defensa guardó silencio.
Óscar Loza, presidente de la CEDH, reconoció que esta práctica es sistemática dentro del Instituto Armado. Sin embargo, recordó que en el caso de La Ajoya, tras una fuerte presión social y el seguimiento de las comisiones de derechos humanos, se logró una sentencia para los 17 soldados involucrados. “Fue una excepción. Los casos llegaron hasta una resolución donde hubo castigo”, señaló. Pero admitió que ese resultado es atípico. Dieciséis años después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reconocido la responsabilidad del Estado mexicano en la masacre de Badiraguato de 2007. No por voluntad del Ejército, sino por la insistencia de las víctimas y sus defensores.
Sobre los mecanismos de supervisión, Loza explicó que, aunque la Comisión Estatal puede iniciar quejas e incluso hacerlo de oficio —como sucedió con los casos de las niñas en Badiraguato— el seguimiento y resolución final corresponde a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Y si bien la institución estatal acompaña los procesos, no tiene facultades para sancionar o intervenir directamente con la Defensa.
Miguel Ángel García también señaló que desde la década de los 70, con operaciones como la Cóndor, el Ejército ha sido protagonista de violaciones sistemáticas en nombre de la lucha contra el narcotráfico. “La violencia institucional ha alcanzado a toda la sociedad civil”, advirtió. Además, criticó que se han borrado archivos del Ejército en el Archivo General de la Nación, lo que impide mantener viva la memoria histórica.
Ambos defensores coinciden en que la sociedad debe jugar un rol activo en la exigencia de justicia. Mientras Loza insiste en el papel de la organización social y el seguimiento institucional, García fue más radical al proponer la creación de tribunales sociales: “El problema del Ejército rebasa toda institucionalidad. Necesitamos involucrarnos como sociedad”.
Entonces la pregunta es inevitable: ¿Qué oculta la Defensa? La opacidad no es casualidad. Se ha convertido en una política de Estado. El fuero militar, los archivos reservados y los procesos internos impenetrables convierten al Ejército en una institución intocable. Una que dispara, y luego calla. Mientras tanto, en Sinaloa, las víctimas siguen esperando.
Esperando justicia, pero también esperando que alguien diga lo que ocurrió, por qué ocurrió y quién lo ordenó. Porque detrás del uniforme hay responsabilidades, y detrás del silencio, hay culpabilidad. La justicia no debería tardar décadas ni depender de presiones internacionales. Pero en México, cuando el responsable lleva uniforme verde olivo, la ley parece detenerse.
