Documentos de inteligencia militar revelan que la Defensa Nacional señaló las severas deficiencias en seguridad y a pesar de proponer cambios, la situación se ha agravado con la guerra entre Los Chapitos y la Mayiza
Redacción / El Sol De Sinaloa
La situación de violencia, acopio de armas, drogas y celulares en que se encuentra el Centro Penitenciario de Aguaruto no es nueva; en cada guerra entre facciones criminales, también al interior de sus celdas se libran batallas con muertos y heridos, se traman trincheras y se escriben historias de corrupción, pero en 2017 la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) hizo un diagnóstico del estado en que se encontraba el penal tras la fuga de cinco reos de alto perfil del Cártel de Sinaloa, que exhibió las debilidades del sistema penitenciario en Sinaloa.
En marzo de aquel año se fugaron Juan José Esparragoza Monzón, “El Azulito”, Alfonso Limón Sánchez, Jesús Peña González, “El Peña”, Rafael Guadalupe “El Changuito Ántrax” y Pancho Chimal, todos integrantes del crimen organizado, lo que hizo que la SEDENA hiciera un diagnóstico de la situación de seguridad, así como planteó recomendaciones que más de 8 años después parece que no se concretaron.
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A las pocas semanas de que inició la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, el conflicto también alcanzó las celdas de este centro penitenciario, en donde han recluido a decenas de detenidos con armas y drogas, y que pertenecen a ambos bandos.
El 22 de mayo pasado se desató un fuerte enfrentamiento entre reos de ambas facciones, por lo que el Grupo Interinstitucional conformado por Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército se sumó a la refriega hasta que cesó el fuego; de manera oficial la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no reportó muertos.
Horas más tarde se informó el aseguramiento de 11 armas entre fusiles de asalto, subametralladoras y fusiles semiautomáticos, además de 14 armas cortas, 94 cargadores, una granada y tres artefactos explosivos improvisados. Desde entonces los esculques han sido constantes en los módulos.
En lo que va de octubre, la SSP reportó 9 revisiones en el penal con diversos decomisos, mientras que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) informó sobre 17 quejas interpuestas por familiares de presos y personal custodio.
El 17 de octubre estalló otra riña con el saldo de un muerto y tres heridos. Hacia ese fin de semana, Seguridad Pública intentó mover a los custodios a otros penales del estado, pero las denuncias frenaron el intento de movilidad. Familias de internos se quejaron públicamente de torturas por parte de las autoridades.
Pero todo esto parece un círculo vicioso en el que ni la SSP ni el Gobierno toman cartas en el asunto. De acuerdo con un documento desclasificado por el colectivo Guacamaya, la SEDENA revisó las instalaciones de Aguaruto después de la fuga de los 5 integrantes del Cártel de Sinaloa y encontró datos reveladores.
Uno de ellos es que observaron que los detectores de metales no eran usados o eran apagados; también encontró que los arcos eran insuficientes, así como el personal custodio, el cual presentaba entonces un grave déficit. El reclusorio contaba con 103 elementos, cuando la media era de uno por cada 10 reos.
Otras irregularidades eran que el penal no contaba con equipo inhibidor de señal de celulares, así como una fuerte venta y consumo de drogas al menudeo, las visitas conyugales fuera de horario y la falta de un protocolo de revisión a las visitas.
En el Consejo Estatal de Seguridad de ese año, los militares propusieron que fuera la entonces Policía Federal la que se hiciera cargo de la seguridad de los penales estatales, incluyendo las direcciones.
Además, se planteaba entrenar y capacitar a los custodios penitenciarios, reclutar más elementos, aumentarles el sueldo y, sobre todo, una propuesta clave: trasladar a los reos peligrosos a penales federales, situación que se intentó, pero fue frenada por una ola de amparos otorgados por jueces federales.
Aunque dentro de estos planes se construyó en 2018 un módulo de alta seguridad, eso no evitó las fugas, pues en agosto de ese año se evadieron dos reos de alto perfil criminal.
Del 2010 al 2017 sumaban 20 fugas de presos, pero fue hasta el 2019, con el primer Culiacanazo de octubre, en que se evadieron 49 internos, algunos de ellos recapturados con el paso de los años. Otros más han sido localizados ejecutados.
Sin embargo, lo que más destaca con la corrupción evidente es que ni la Fiscalía General del Estado ni la Fiscalía General de la República han realizado investigaciones profundas que lleven a dar con los responsables del ingreso de armas de fuego, drogas y con quienes perpetran homicidios durante las denominadas riñas. Hasta el momento no hay personal arrestado por las irregularidades actuales.
Desde que inició octubre, el penal de Aguaruto ha sido revisado en nueve ocasiones por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes han localizado diversos objetos ilícitos. Sin embargo, en medio de estos cateos también se han denunciado actos de tortura presuntamente cometidos por uniformados contra los internos.
De acuerdo con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Óscar Loza Ochoa, en los últimos días se han presentado más de 17 quejas por parte de familiares que aseguran que a las personas privadas de su libertad se les están vulnerando sus derechos.
“Nos hablan los familiares que hay inmersión en agua como tortura. No nos explicaron qué les preguntan, pero el hecho de que les mojen los cuerpos para ponerles toques —que es otra cosa denunciada por los familiares— también es un delito”, comentó Loza Ochoa.
La primera revisión del centro penitenciario, ubicado en la capital sinaloense, se realizó el 9 de octubre. En esa ocasión se aseguraron tres armas de fuego, dosis de marihuana y cocaína, 13 celulares y dos módems de internet.
El lunes 13, la cárcel fue nuevamente inspeccionada, encontrándose cartuchos, cinco celulares y un módem. Al día siguiente, martes 14, se localizaron 10 celulares, dos módems y dos bandas anchas. En la revisión del 15 de octubre se aseguró un celular y cinco puntas metálicas.
El viernes 17, tras una riña entre internos que dejó un fallecido y tres heridos, el penal fue revisado de nuevo. En esa intervención se decomisaron tres armas largas, dos cortas, un artefacto explosivo, tres teléfonos y cuatro puntas.
La pelea derivó en otra revisión en la que se aseguraron 12 celulares, un módem y cuatro puntas. Al día siguiente se reportó la muerte de otro interno, presuntamente por causas naturales. En las inspecciones posteriores se decomisaron 27 celulares, un equipo Starlink, dos módems, dos bandas anchas, tres radios, cinco gramos de cocaína, 14 de marihuana, una báscula y una trituradora de hierba.
El lunes 20 se registró nuevamente el fallecimiento de un interno, también presuntamente por causas naturales. Luego de ello se localizaron tres pistolas con cartuchos, 22 celulares, tres módems, una báscula y dos radios.
El martes se decomisaron ocho armas, entre largas y cortas, con sus respectivos cartuchos, 100 dosis de marihuana y tres radios. Las inspecciones continuaron el miércoles, con el hallazgo de 5 mil 220 pesos en efectivo, 14 radios, 21 teléfonos, un módem, una banda ancha, 50 dosis de presunta cocaína y 10 paquetes de marihuana con un peso total de 4 kilos 600 gramos.
La última revisión, realizada este jueves, tuvo como resultado el aseguramiento de 20 teléfonos, tres módems, 14 puntas metálicas y dos grameras.
