En 2024, se registraron 79 sentencias más en las que un juez retiró la custodia de sus hijos a padres en Sinaloa, lo que representa un incremento del 35.75% en comparación con el año anterior.
Josemiguel Souza
Culiacán, Sin.- En los últimos años, el número de casos en los que un juez ha dictado la pérdida de la patria potestad en el estado ha mostrado un crecimiento constante. La diferencia más notoria se dio en 2024, cuando la cifra alcanzó los 300 casos, consolidando la tendencia al alza.
Al respecto, la procuradora del Sistema DIF Estatal señaló que este fenómeno obedece a un mayor número de denuncias y a una actuación más eficiente por parte de las autoridades para garantizar la protección de los menores.
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Las autoridades han identificado dos factores principales por los cuales se retira la custodia de los menores a los padres: la violencia familiar y el abandono.
De acuerdo con datos oficiales del Poder Judicial, en 2021 se registraron 163 casos en los que un juez familiar determinó retirar la patria potestad a los padres. En 2022, la cifra aumentó un 30.06%, llegando a 212 casos. Para 2023, se reportaron 221 sentencias, y en 2024 el número se disparó un 35.75%, alcanzando los 300 casos.
Actualmente, en los juzgados familiares de Sinaloa hay 1,917 asuntos en proceso.
El artículo 380 del Código Familiar establece los motivos por los cuales los padres pueden perder la patria potestad, siendo los más frecuentes la violencia familiar y el descuido o desatención de los menores.
El DIF estatal recibe aproximadamente 60 denuncias al mes por casos en los que menores o adolescentes son víctimas de violencia en sus hogares.
Cuando se detectan posibles vulneraciones a los derechos de los menores, se cita a los padres o cuidadores para dialogar y analizar la situación.
Frecuentemente, los tutores desconocen que los derechos de sus hijos están por encima de los de los adultos. Si la afectación no es grave y existe la posibilidad de reintegración familiar, se les ofrece participar en talleres gratuitos de escuela para padres.
“Otro motivo que también está haciendo muy muy muy demasiado es uso de drogas. Consumo de drogas por parte de los cuidadores”, agregó la procuradora del DIF Estatal, Faviola Biridiana Cárdenas Quiñónez.
Durante este proceso, se realizan visitas domiciliarias para verificar que no persistan las vulneraciones y que la dinámica familiar mejore, garantizando así el bienestar de los menores.
En los casos donde la vida del menor está en peligro, se aplican medidas de protección que pueden incluir su resguardo en un centro de asistencia social. Sin embargo, se prioriza la búsqueda de una red de apoyo familiar, como abuelos, tíos o incluso vecinos, quienes son evaluados por un equipo multidisciplinario para evitar la institucionalización.
La procuradora enfatizó que la institucionalización es la última opción, ya que los menores suelen sentirse castigados al ser separados de su entorno familiar. Cuando los menores ingresan a centros de asistencia, se trabaja en su reintegración familiar siempre que existan condiciones adecuadas.
Si se identifica la comisión de un delito, se notifica al Ministerio Público para la investigación correspondiente. En casos de omisión de cuidado, si los padres muestran disposición y cumplen con las medidas recomendadas, como asistir a talleres, se considera la reunificación familiar.
La procuradora aclaró que el DIF no “quita” niños, sino que los protege cuando su vida está en riesgo y no hay familiares que puedan hacerse cargo.
Desde noviembre de 2021, el DIF estatal ha iniciado aproximadamente 162 juicios para la pérdida de patria potestad. Las principales causas identificadas son la violencia familiar y el consumo de drogas por parte de los cuidadores.
Aunque se ofrecen herramientas como talleres para padres y becas de rehabilitación en colaboración con el Servicio de Protección y Atención a la Infancia (SEPCA), los casos de éxito son limitados.
El aumento en las denuncias se atribuye a diversos factores, incluyendo una mayor difusión de información y campañas de concientización que fomentan la denuncia. El DIF estatal trabaja en coordinación con los sistemas municipales y otras instancias para garantizar la protección de los derechos de la niñez y adolescencia en Sinaloa.
