Trabajadora entrega pruebas al Congreso para defenderse; acusa que no la dejaron exponer

Mario Núñez y Dheyna Brito / El Sol de Sinaloa

También puedes leer: Funcionaria del Congreso denuncia presiones para renunciar y retención de salario

Durante su intervención ante medios, Pineda explicó que la causal de remoción sostiene que omitió proponer lineamientos y documentos técnicos, acusación que rechazó.

“Ellos dicen que omití proponer lineamientos, pero desde el año 2021 hasta esta fecha yo siete veces he propuesto normativa interna para la Comisión de Fiscalización”, afirmó.

Entre los documentos entregados mostró propuestas normativas correspondientes a fechas del 24 de noviembre de 2021, 28 de septiembre de 2022, 22 de noviembre de 2022, 21 de noviembre de 2023, 15 de noviembre de 2024, 25 de agosto de 2025 y 20 de noviembre de 2025. Reiteró que su obligación es proponer documentos, no aprobarlos.

“Aprobarlos, revisarlos, analizarlos y modificarlos no es facultad mía… la facultad de proponer, la cual me concierne a mí, yo la hice valer”, declaró.

Pineda también informó que presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control por la retención de su salario correspondiente a la primera quincena de noviembre.

“Mi nómina no se me ha depositado… envié oficios a todas las autoridades internas y no me contestaron nada”, dijo. Según relató, la Dirección Administrativa le informó que fue una “instrucción superior”.

Entre los alegatos también describe irregularidades en el procedimiento: notificaciones sin número de oficio, plazos reducidos, documentos ilegibles y ausencia de información necesaria para su defensa.

“Me notificaron con un documento que no traía número de oficio… las imágenes no se veían bien”, relató.

Pineda dijo que al regresar el documento para solicitar correcciones, la comisión redujo los plazos establecidos.

“Les pedí más documentos y tampoco me los dieron”, agregó.

La funcionaria añadió que incluyó argumentos de inconstitucionalidad respecto al artículo 11 del Reglamento Interior, el cual se pretende usar para su remoción.

“No se me respetó el debido proceso”, indicó.

También señaló que desde el 20 de octubre ha recibido presiones para renunciar y que el diputado Gerardo Serapio Vargas acudió directamente a su oficina para advertirle que su salida “ya estaba decidida”.

Aseguró que incluso le ofrecieron conservar su sueldo si renunciaba voluntariamente.

Pineda afirmó que el ambiente de presión la ha llevado a temer por su vida y la de su familia.

“Hago responsables a mis superiores de lo que me pueda pasar”, advirtió.

Los alegatos que entregó

Las 80 pruebas incluyen comparativos técnicos, lineamientos previos, matrices metodológicas, correspondencia oficial y acuses de recibido.

Postura del PAN: “Este es un tema político, pero no se le ha violentado”, dice Roxana Rubio Valdez.

Desde el Congreso, diputadas de oposición expusieron una postura distinta. Roxana Rubio Valdez, coordinadora del PAN, aseguró que el procedimiento no vulnera los derechos de la funcionaria.

“En ningún momento se está violentando sus derechos”, declaró.

Rubio afirmó que Pineda se encuentra en etapa de revisión de pruebas y que no existe una intención inmediata de destituirla.

“No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que detrás de esto está Feliciano Castro”, agregó al señalar un posible trasfondo político.

La legisladora insistedió en que no existe violencia laboral o institucional en el caso.

“A la muchacha incluso se le ha tratado muy bien, más que bien”, expresó.

Finalmente, recordó que la decisión final corresponderá al Pleno, donde la mayoría parlamentaria de Morena definirá el dictamen.

Jucopo aclara que la directora de la UTE está subordinada a la Comisión de Fiscalización

Asimismo, señaló que estas observaciones, dijo, señalan presuntos excesos en sus facultades, contradicciones en su planeación de actividades y la realización de acciones que no derivan de acuerdos de la Comisión de Fiscalización.

La presidenta de la Jucopo también subrayó que la UTE no es un órgano autónomo, a diferencia de la Auditoría Superior del Estado, y que cualquier acción debe derivar expresamente de un acuerdo de la Comisión de Fiscalización.

En ese sentido, señaló que existen contradicciones entre el reglamento interno de la UTE, el reglamento del órgano interno de control y la Ley Orgánica de la ASE, por lo que se acordó abrir un proceso de revisión normativa.

Ante la tensión generada, Guerra Ochoa informó que el Congreso decidió pausar el tema y retirarlo del orden del día a fin de permitir un diálogo entre la UTE, la ASE y la Comisión de Fiscalización.

Guerra Ochoa, indicó que el propósito es aclarar las observaciones, revisar la normatividad aplicable y evitar que el conflicto se interprete como un acto político o una agresión laboral.

“Estamos buscando soluciones. No queremos que se ponga en duda el compromiso con los trabajadores del Congreso. Aquí se han otorgado prestaciones, permisos por vulnerabilidad y aumentos salariales”, aseguró.

La diputada descartó que exista violencia laboral y afirmó que la funcionaria será escuchada durante el proceso de revisión.

Mientras tanto, permanecerán abiertos el expediente y las observaciones de la Auditoría Superior, que serán analizados por las instancias correspondientes antes de cualquier decisión sobre su futuro en el cargo.