Impulsada por Samara Martínez, la iniciativa propone modificar la Ley General de Salud para reconocer la autonomía y la libertad al final de la vida
Redacción / El Sol De Sinaloa
La llamada Ley Trasciende continúa atorada en un ciclo de discusiones políticas, sociales y religiosas, sin lograr avanzar hacia su aprobación. Mientras sus promotores la consideran un paso necesario para garantizar la dignidad humana, sus detractores la ven como un tema moralmente inaceptable que abre la puerta a posibles abusos.
La propuesta, impulsada por Samara Martínez, activista y catedrática que padece una enfermedad renal en etapa terminal, busca regular los cuidados paliativos y el acompañamiento médico, psicológico y humano en etapas finales de la vida. Su eje central es el derecho de cada persona a decidir cómo desea vivir el final de su vida, partiendo de la premisa de que la dignidad no se suspende ante la enfermedad.
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Con más de 116 mil firmas reunidas en Change.org, la iniciativa será presentada oficialmente ante el Senado de la República. Martínez subraya que no se trata de promover la muerte, sino de reconocer la libertad y autonomía de quienes sufren enfermedades terminales o crónico-degenerativas que causan dolor irreversible.
Actualmente, la eutanasia activa está prohibida en México por el artículo 166 de la Ley General de Salud, y se tipifica como “homicidio por piedad” en el Código Penal Federal. Solo 14 estados cuentan con una Ley de Voluntad Anticipada, que permite a los pacientes decidir si desean continuar con tratamientos médicos en fase terminal.
La Ley Trasciende propone modificar el artículo 166 para incluir un nuevo Título Octavo que establezca las condiciones bajo las cuales un paciente podría acceder a la eutanasia. En caso de aprobarse, las instituciones de salud tendrían 48 horas para responder a las solicitudes, y la decisión del paciente deberá ratificarse dentro de cinco días, para garantizar que no exista presión o influencia externa.
El debate se ha polarizado entre la compasión y el miedo: para unos, representa un acto de justicia y humanidad; para otros, un riesgo ético y moral. Sin embargo, todos coinciden en que la propuesta ha logrado poner sobre la mesa una pregunta esencial ¿Debe el Estado obligar a alguien a seguir viviendo con sufrimiento o garantizar su derecho a morir con dignidad?
