Pero no hay humanismo posible cuando se tolera la barbarie, cuando se normaliza el horror o se minimiza el sufrimiento ajeno. Ese humanismo hipócrita es parte del problema: una coartada elegante para lo inenarrable, una excusa cómoda frente al desastre.
Como lo advirtió Camus: “Uno no puede ponerse de lado de los que hacen la historia, sino al servicio de quienes la padecen”. Una tragedia como la que hoy representa un campo de desapariciones—como lo han denominado los medios—en Teuchitlán, Jalisco, no es difícil de explicar. Por el contrario, lo raro es que no se haya sabido antes.
Cuando los gobiernos que han ocupado el poder hasta la actualidad han demostrado estar más preocupados por negar la violencia y desacreditar a los familiares de las víctimas que por combatir al crimen organizado, el resultado era ineludible. Esa es la realidad: una política de simulación que garantiza impunidad y deja en el abandono a quienes buscan justicia.
Es la evidencia de que años de exposición a un discurso inhumano—uno que reduce la aniquilación de miles de personas a una estadística más— una política de deliberada indolencia y el acoso criminal, han terminado por quebrar la voluntad y la capacidad de resistencia social. La sociedad, agotada y resignada, ha aprendido a coexistir con el horror bajo el peso de la desesperanza, normalizando lo intolerable.
Es también la refutación de cualquier falso humanismo, ese, que pretende exaltar la dignidad y los derechos mientras tolera, por omisión, complicidad o calculo electoral, la barbarie. Ese humanismo lucrativo y autocomplaciente, que se exhibe como virtud pero que, en esencia, es mero oportunismo. Un humanismo que no es auténtico, sino un simulacro calculado, diseñado para obtener admiración, aplausos y rentabilidad pública. Ese humanismo vanidoso, el que se afirma ruidosamente para cosechar simpatías y alimentar su propio ego. Un humanismo que se arropa en discursos grandilocuentes mientras ignora el dolor real, que se indigna selectivamente.
Hoy, como en 2014 con el caso de Ayotzinapa, la prioridad del gobierno en turno no será la justicia ni la verdad, sino encontrar la mejor estrategia para salir del paso, para evadir la condena social. Se culpará al pasado, aunque el margen para hacerlo sea mas bien escaso. Se insistirá en la omisión de administraciones anteriores, se repartirán responsabilidades entre otros niveles de gobierno, pero ¿y la responsabilidad moral del Estado? ¿Aquella que trasciende siglas y partidos, aquella que no desaparece con el cambio de gobierno?
Hace apenas una semana, la presidenta Sheinbaum celebraba en el Zócalo que, gracias al Tratado de Libre Comercio, México no pagaría aranceles. Si el Estado mexicano se atribuye y disfruta los beneficios—dudosos o no—de gobiernos anteriores, ¿acaso no debería asumir también la responsabilidad solidaria por sus fallas, por sus crímenes, por sus omisiones? La conveniencia selectiva con la que se reivindican o rechazan los legados del pasado no solo es cínica, sino profundamente irresponsable.
Pero también existe la posibilidad de que, detrás de esta evasión sistemática de responsabilidad, haya una confesión tácita de culpabilidad, una verdad que se niegan a expresar abiertamente. Porque, ¿cómo explicar el cambio de postura del gobierno federal, que pasó de sugerir la complicidad de las autoridades estatales a intentar negar que los hechos siquiera ocurrieron? ¿Sería acaso porque en el lugar de los hechos se encontraron objetos personales que vinculan a las víctimas con una fecha de 2021 o posterior?
Este dato no solo desmiente cualquier intento de reducir la tragedia a un problema del pasado, sino que sugiere una continuidad aterradora: la maquinaria de muerte ha seguido operando mientras el Estado, en sus distintas representaciones, mira hacia otro lado. La negación, la dispersión de culpas y la narrativa del deslinde no hacen más que reforzar la sospecha de que, lejos de ser un horror aislado, esta práctica sigue vigente como método bajo la sombra de la complicidad.
