“Hasta la supervivencia de una banda de ladrones necesita de la lealtad recíproca”
Antonio Genovesi, economista italiano y autor
Las recientes denuncias presentadas por la Secretaría de Salud de Tamaulipas contra el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y varios de sus ex colaboradores revelan un nuevo y alarmante capítulo en la historia de corrupción que habría lastimado profundamente al estado. No se trata solo de cifras, sino de vidas. De hospitales que no recibieron mantenimiento, de servicios que se deterioraron, y de una ciudadanía que, una vez más, pagó el precio de una clase política que antepuso sus intereses personales al bienestar público. Según la información oficial, se han interpuesto 70 denuncias (14 de ellas de carácter penal) ante diversas instancias, tanto estatales como federales. El monto del quebranto al erario público superaría los 343 millones de pesos, adjudicados ilícitamente a dos empresas vinculadas a los hermanos Carmona: Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Joser. Contratos inflados, servicios dudosos, pagos millonarios y ninguna consecuencia aparente para los proveedores ante la falta de pagos por más de 157 millones de pesos. ¿Qué empresa dejaría pasar esa suma sin siquiera levantar la voz? El señalamiento no es menor. Entre los principales imputados se encuentra, además del exgobernador, su exsecretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, y otros altos exfuncionarios que, según lo denunciado, habrían participado en una red de complicidad para desviar recursos destinados al sector salud. Se trata, ni más ni menos, de un atentado directo contra uno de los servicios más sensibles y vitales para la población. Más allá de los nombres y de las cifras, lo verdaderamente indignante es el impacto que estas prácticas han tenido en los hospitales, en los centros de salud, en las condiciones laborales del personal médico, y en la atención que reciben miles de tamaulipecos. La corrupción en el sector salud no solo roba dinero: roba vidas. El argumento de que no se trata de una persecución política sino de una acción legal y legítima cobra fuerza cuando se observa el respaldo de exfuncionarios dispuestos a colaborar. El reto ahora es asegurar que estas denuncias no queden sepultadas bajo el polvo del olvido, ni atrapadas en el lodazal de un sistema judicial lento o complaciente. Tamaulipas necesita justicia, pero también necesita memoria. La ciudadanía no puede seguir siendo rehén de “funcionarios” que ven en el servicio público una oportunidad de negocio. Es momento de exigir no solo sanciones ejemplares, sino también reformas estructurales que garanticen la transparencia en el manejo de recursos, especialmente en sectores tan fundamentales como la salud. Porque mientras haya quienes lucren con la enfermedad y el dolor, la corrupción no solo será un problema legal o político: será una tragedia moral.
En un momento donde el cambio climático intensifica los fenómenos meteorológicos y la infraestructura urbana enfrenta mayores retos, las acciones preventivas cobran un valor incalculable. En ese contexto, las medidas impulsadas por el presidente municipal Erasmo González Robledo, enfocadas en el desazolve de canales pluviales, representan una apuesta clara por la protección de la población y el fortalecimiento de la infraestructura urbana de Ciudad Madero. Las lluvias no deben ser sinónimo de desastre, y el trabajo que se está realizando (en puntos estratégicos como la laguna Las Maravillas, Malvinas, Chipús, y diversos sectores críticos) es un ejemplo de que con planeación, supervisión y voluntad política, es posible reducir significativamente los riesgos de encharcamientos y afectaciones a las familias. La supervisión de los trabajos en colonias como Las Flores, Ampliación Las Flores y Adriana González, así como la apertura de un nuevo canal de más de 1.5 kilómetros para conectar al sistema lagunario, confirman que se trata de un esfuerzo integral. No se trata solamente de limpiar, sino de rediseñar el sistema de desfogue para hacerlo más eficiente y sostenible. Una mención especial merece el llamado a la conciencia ciudadana. Porque, aunque las autoridades pueden redoblar esfuerzos y maquinaria, los basureros clandestinos y el desecho irresponsable de muebles en canales anulan, en gran medida, el trabajo técnico y operativo que se realiza. La participación social es indispensable: denunciar, evitar contaminar, y asumir que el espacio público también es una responsabilidad compartida. Las brigadas de limpieza, que laboran día con día en el mantenimiento de más de 23 kilómetros de canales, merecen también el reconocimiento público. Es momento de comprender que la prevención no es un lujo ni un acto de buena voluntad: es una política pública esencial. Apostar al mantenimiento, al diseño hidráulico inteligente y a la participación ciudadana es invertir en seguridad, en salud y en bienestar. Las lluvias seguirán llegando. Lo importante es que, cuando lo hagan, nos encuentren preparados.
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