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Las libertades de conciencia y de religión están protegidas por el artículo 24 de la constitución y se establece también en diversos instrumentos internacionales como el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos del artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Respecto a la libertad religiosa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que es “Un derecho” fundamental que garantiza la posibilidad real de que cualquier persona pueda practicar libremente su religión tanto individualmente como asociado con otras personas y que permite de forma independiente y autónoma se pueda creer, dejar de creer o no creer en determinada religión.
En este orden de ideas, la Suprema Corte ha destacado que el derecho de libertad religiosa es personalísimo y por tanto el Estado no puede intervenir en él. Sin embargo, al igual que otros derechos, está sujeto a las limitaciones ya establecidas en la ley, como el orden o la moral pública, la seguridad y los derechos de terceros. Adicionalmente, la libertad religiosa no se agota en los ámbitos mencionados, pues guarda un estrecho vínculo en las libertades de pensamiento y de expresión, el derecho a la igualdad y no discriminación y la autonomía personal, por mencionar solo algunos.
La constitución por su parte protege los derechos a la vida, la salud, la libertad religiosa y la vida privada y familiar, a al vez que establece límites y restricciones al poder público. Uno de estos límites es la prohibición de intervenir en el ejercicio de estos derechos.
Un caso concreto resuelto por la primera sala de nuestro más alto tribunal es el de una niña que pertenecía a una familia que profesaba una denominación religiosa presentó signos de una enfermedad y que al ser examinado en el área de urgencias, los médicos informaron a sus padres que la situación de salud de la niña era grave y los médicos indicaron a los padres que el tratamiento idóneo era la aplicación de diversos tratamientos que incluía la realización de transfusiones sanguíneas.
Los padres se opusieron a que se realizara dicho tratamiento ya que las transfusiones sanguíneas no estaban permitidas en la religión que profesaba. Los padres de la niña, presentaron una demanda de amparo en contra de la determinación de la autoridad de iniciar un procedimiento administrativo y asumir la tutela sobre su hija con el fin de autorizar los procedimientos médicos necesarios para que la menor recuperara la salud. El asunto llegó a la Suprema Corte porque involucraba un problema de carácter excepcional entorno a la libertad religiosa y el derecho a los padres a tomar decisiones médicas respecto a sus hijos, el cual resolvió que si bien la constitución protege el ejercicio de la libertad religiosa esta encuentra un límite cuando los padres objetan motivos religiosos para impedir que sus hijos reciban tratamientos médicos adecuados para proteger su vida y su salud. En este caso el Estado tiene la obligación de suplantar la decisión de los padres y autorizar el tratamiento indicado del personal médico. Proteger la vida y la salud de los menores de edad, es uno de los límites a otros derechos entre ellos la libertad religiosa. Ese es el reto.
