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Las libertades de conciencia y de religión están protegidas por el artículo 24 de la Constitución, y se establecen también en diversos instrumentos internacionales como el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Respecto a la libertad religiosa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que es un derecho fundamental que garantiza la posibilidad real de que cualquier persona pueda practicar libremente su religión tanto individualmente como asociada con otras personas, y que permite de forma independiente y autónoma creer, dejar de creer o no creer en determinada religión.
En este orden de ideas, la Suprema Corte ha destacado que el derecho de libertad religiosa es personalísimo y el Estado no puede intervenir en él. Sin embargo, al igual que otros derechos, está sujeto a limitaciones establecidas en la ley, como el orden o la moral pública, la seguridad y los derechos de terceros. La libertad religiosa guarda además un estrecho vínculo con las libertades de pensamiento y expresión, así como con el derecho a la igualdad y no discriminación y la autonomía personal, por mencionar algunos.
La Constitución protege los derechos a la vida, la salud, la libertad religiosa y la vida privada y familiar, al mismo tiempo que establece límites y restricciones al poder público. Uno de estos límites es la prohibición de intervenir en el ejercicio de estos derechos.
Un caso resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la libertad religiosa tiene límites cuando está en riesgo la vida y la salud de menores de edad. Se trató del caso de una niña perteneciente a una familia que profesaba una denominación religiosa que presentó signos de enfermedad y que, al ser examinada en urgencias, los médicos informaron a sus padres que su estado era grave y que el tratamiento idóneo incluía transfusiones sanguíneas. Los padres se opusieron por motivos religiosos y promovieron un amparo contra la decisión de la autoridad de iniciar un procedimiento administrativo para asumir la tutela temporal de la menor y autorizar el tratamiento médico. La Suprema Corte resolvió que la libertad religiosa encuentra un límite cuando se impide que los menores reciban tratamientos necesarios para proteger su vida y su salud. En estos casos, el Estado tiene la obligación de sustituir la decisión de los padres y autorizar el tratamiento médico indicado. Proteger la vida y la salud de los menores constituye un límite a la libertad religiosa. Ese es el reto.
