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Localmartes, 20 de enero de 2026

Abogados de Baja California discuten posturas previo a reunión con el gobierno estatal por seguridad del gremio

Al finalizar la reunión, los representantes del gremio y del gobierno llegaron a tres puntos en el acuerdo

Eduardo Jaramillo Castro

Abogados de Baja California protagonizaron un intercambio de posturas previo a una reunión con representantes del gobierno estatal, convocada para dar seguimiento a sus peticiones relacionadas con la seguridad del gremio.

Indicó que los abogados, como garantes de la cultura de la legalidad y del Estado de derecho, buscan hacer un contrapeso ante una inseguridad que está desbordada y ha rebasado a las autoridades estatales.

En contraste, el presidente del Colegio de Abogados Ignacio Burgoa Orihuela, Jorge Cristiani Ramírez, expresó su desacuerdo con la postura de Cruz García, al considerar que la reunión debía centrarse exclusivamente en un protocolo de protección para los abogados.

“Yo no comparto la idea. Ayer estuvimos hablando que veníamos para salvaguardar el ejercicio profesional de los abogados, única y exclusivamente. Para hablar de la sociedad hay otros protocolos y otras instancias”, indicó.

Cruz García respondió que Jorge Cristiani desconocía el tema, al no haber asistido a la reunión previa realizada en Mexicali, y calificó sus declaraciones como un intento de ganar “protagonismo”.

Por su parte, Jorge Cristiani replicó que el colegio que representa desconoce al dirigente de la AMA y que no están de acuerdo con sus declaraciones.

Al término de la reunión, el secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, informó que se alcanzaron tres acuerdos con el gremio de abogados en Baja California.

“El primero de estos es la elaboración de un protocolo de seguridad de pronta respuesta, para los casos donde se presente violencia contra el gremio de abogados”, dijo.

Añadió que el segundo acuerdo consiste en aprovechar el talento de los colegios de abogados en labores de asesoría e intercambio de información.

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Como tercer punto, detalló que facilitarán mecanismos de comunicación directa con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la propia Secretaría General de Gobierno, para atender de manera inmediata cualquier problema o amenaza que se presente.

Álvarez Cárdenas estimó que el protocolo podría quedar concluido en un plazo de 15 a 20 días, tras la instalación de una mesa de análisis integrada por representantes del gremio y del gobierno estatal.

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