Este es el balance del cuarto año de la primera gobernadora de BC, Marina del Pilar Ávila Olmeda
Aunque la mayor exigencia es la seguridad, para Vicente Sánchez este año estará marcado por el retiro de la visa estadounidense
Redacción / El Sol De Tijuana
A la primera gobernadora de Baja California, la morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda, solo le restan dos años de gobierno y enfila a cerrar su administración con una imagen debilitada.
A estas alturas de su sexenio, analistas ven conflictos que pueden perjudicar a su partido, mientras que desde la ciudadanía, que este año le protestó con dos carnes asadas, el juicio no es menos duro.
La exigencia más sentida siempre será la seguridad, porque ahora ante la reducción de cifras en homicidios asoma el “cobro de piso” que se ha vuelto un monstruo.
Aún así, coinciden desde la academia, la gobernadora parece tener el tiempo suficiente para enderezar el rumbo, alejarse de la percepción de opacidad y corrupción, al mismo tiempo que puede consolidar políticas de género que han sido bien recibidas; pero eso solo el tiempo lo dirá.
Vicente Sánchez Munguía, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, enfatizó que el más reciente año de la administración de Ávila Olmeda estará marcado por el retiro de la visa para cruzar a Estados Unidos.
Se trata, afirmó, de un punto de inflexión que la debilita de cara a la sucesión en 2027.
El especialista en temas de gobernabilidad recalcó que pese a que Ávila Olmeda no es la única figura de Morena a quien le han retirado el documento, para ella tiene un peso particular porque gobierna un estado sumamente vinculado con el país vecino.
Sánchez Munguía planteó que la medida representa un importante golpe político que afectó su imagen pública en un momento en el que la oposición busca ganar terreno.
El retiro de visa puede convertir a Marina del Pilar en un lastre político para la presidenta Sheinbaum, más que en un activo para Morena
A un año del proceso de selección de la candidatura de Morena a la gubernatura, el académico considera que la mandataria tiene menos margen para influir en quién será la persona que represente a su partido para sucederla.
“En Morena las venganzas internas suelen ser rijosas; habrá que ver si logra mantener cohesión para influir en la sucesión”, externó Sánchez Munguía.
La pérdida de capital político también es evidente para la doctora en procesos políticos y profesora de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Alejandra Salado Íñiguez.
Además, considera que la condición de mujer de Ávila Olmeda no debe implicar un juicio de doble estándar: no se le debe exigir más que a los hombres, pero tampoco está exenta de rendir cuentas.
Si bien la gobernadora ha mantenido el respaldo de su partido y una estructura política sólida, su nivel de popularidad ha disminuido respecto al inicio de su gestión, en parte por las controversias públicas y la percepción de opacidad frente a algunos temas sensibles
Expuso que en este su cuarto año de administración, la gobernadora ha enfrentado problemas de seguridad, confianza ciudadana y gobernabilidad, por lo que requiere una estrategia integral y sostenida para los dos años que le quedan a su gestión.
VOX POPULI, ¿VOX DEI?
A unos días de que la gobernadora rinda su cuarto informe de gobierno, El Sol de Tijuana encontró en una breve consulta ciudadana que aunque hay quienes creen que su trabajo ha sido bueno, predomina una mala imagen de la morenista y su administración.
“Un gobierno envuelto en escándalos de corrupción que salen a la luz pública, la inseguridad no disminuye”, dijo Víctor Estrada, de 41 años.
Y si se trata de calificar, sostiene que el gobierno en turno está “reprobado” porque ha resultado igual que los partidos del pasado, solo que esta vez cambiaron las siglas.
“La gente de trabajo solo pedimos seguridad y vialidades transitables, no pedimos dádivas del gobierno”, señaló.
Por otra parte, el encargado de un establecimiento de pinturas para automóviles en la Zona Centro, Raúl Pérez, considera que la cancelación de la visa estadounidense a la mandataria es negativa para la entidad.
“De qué sirve una gobernadora que no puede ir a Estados Unidos a hacer propaganda para atraer nuevas empresas que inviertan en nuestro estado”, criticó.
La población tampoco percibe la reducción de la inseguridad de la que habla el gobierno bajacaliforniano ni la presencia de autoridades.
La prueba de ello es Dora Estela, una ama de casa de 46 años de edad que sigue viendo delincuencia.
Más muertos por aquí y por allá. El gobierno desaparecido. Si te fijas, no hay tantas patrullas en la calle
Pero otros como José Covarrubias, de 47 años de edad, no ve un panorama tan sombrío y le da un voto de confianza a la morenista que se enfila a sus últimos dos años de gobierno.
“Creo que ha hecho buen trabajo y así creo que piensa la mayor parte de los tijuanenses”, opinó.
Añadió que aunque hay cosas por mejorar y compromisos por cumplir, en general la gobernadora ha tenido “un buen desempeño”.
POLÍTICA FEMINISTA
Las acciones en materia de género en la administración de la primera mujer gobernadora de Baja California han estado marcadas por la declaración de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), opinó Marlene Solís Pérez, académica investigadora del Colegio de la Frontera Norte (Colef).
Señaló que la AVGM es fundamental para entender las políticas adoptadas porque las 39 medidas contempladas en esa alerta, declarada en junio del 2021, fueron incluidas en el programa de gobierno.
La alerta también reconoció que en el estado existe violencia feminicida y eso orilló a los tres poderes y a la Fiscalía General del Estado (FGE), a trabajar en la prevención y erradicación de la misma.
Pero aún hay faltantes, añadió Solís Pérez, principalmente en el Poder Judicial y en la Fiscalía, ya que Tijuana sigue entre las primeras ciudades a nivel nacional con más feminicidios.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, hasta agosto del año en curso, en Baja California fueron abiertas 17 carpetas por feminicidio, mientras que en 2024 fueron 38; 20, en 2023; y 26, en 2022.
Por esa razón, considera la académica, en los últimos dos años de su gestión la gobernadora quizá debería fortalecer al Poder Judicial y a la fiscalía para atender a las víctimas de esa violencia.
“Aunque tenemos el Centro de Justicia para las Mujeres todavía hay muchísimos problemas para el acceso real a la justicia, todavía es necesario seguir capacitando”, expresó.
Marlene Solís también reconoció la atención a las mujeres y madres autónomas mediante los programas “Violeta”, como el transporte gratuito, el programa de vivienda y las tarjetas para mujeres en situación de vulnerabilidad económica.
En esos esfuerzos engloba el Escuadrón Violeta, integrado por agentes capacitados en perspectiva de género y atención de violencia intrafamiliar, así como el seguimiento a las órdenes de protección, aunque advierte que todos esos programas deben consolidarse.
“Han permitido tener una serie de instituciones, marcos normativos, prácticas por parte del gobierno para avanzar hacía una sociedad más igualitaria en términos de género”, expresó Solís Pérez.
EL RETO ETERNO
El combate a la inseguridad en el cuarto año de la gobernadora ha tenido algunos logros, pero aún enfrenta retos, de acuerdo con Roberto Quijano Sosa, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC).
“Hay delitos que no se han podido controlar, como la violencia familiar y los propios homicidios”, dijo.
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Mencionó que pese a que en éste último delito hay una disminución, Baja California aún está entre los estados con más asesinatos.
Según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), de noviembre de 2024 a septiembre de 2025 que comprenden los actuales once meses del cuarto año de gobierno, el número de homicidios dolosos y feminicidios en el estado fue de mil 369.
En cambio, de noviembre de 2023 a septiembre de 2024, que corresponden al mismo periodo pero del tercer año de administración, la cifra alcanzó las dos mil 282 víctimas, lo que significa una disminución de 913 asesinatos en el estado.
Pero aún falta voluntad política por parte del gobierno estatal para enfrentar a la delincuencia a fondo, asentó el presidente del CCSPBC.
“Se está administrando el problema, no se ha salido de las manos, como podría pensarse (...) Recursos suficientes tienen, sin embargo, sigue habiendo esas debilidades institucionales”, opinó.
Y aunque en la ley la FGE es una institución independiente del gobierno estatal, las declaraciones de Quijano Sosa muestran que la percepción es que la titular del Ejecutivo tiene injerencia en la Fiscalía.
Vemos que todavía la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana denotan debilidades institucionales. Aunque la ruta no es probablemente 100% la correcta, hay que destacar que hay cosas que se están haciendo bien
Por ejemplo, dijo, el gobierno federal está cambiando su política en la materia y esto ha ayudado, aunque ha dejado claroscuros.
“No hay mucha transparencia ni rendición de cuentas, pero lo importante es el resultado y si vimos que la incidencia ha venido relativamente a la baja damos por hecho que están haciendo acciones colectivas”, dijo.
En esta nota colaboraron Adelina Dayebi Pazos, Eduardo Jaramillo Castro, Giovanny Urenda y Juan Miguel Hernández.






























