En Tijuana hay 4 mil comercios vendiendo alcohol irregularmente, estima regidor

El elevado costo de los permisos de alcohol en Tijuana se ha convertido en el principal incentivo para la informalidad, afirmó Miguel Antonio Loza Ginuez, regidor presidente de la Comisión de Recreación, Espectáculos y Alcoholes.

“A título personal, creemos que por lo menos debe de haber cuatro mil giros en la ciudad que están operando de manera irregular. De todos los giros, como abarrotes, restaurantes, cafés, barberías y spas que ya venden alcohol”, estimó.

Actualmente, un permiso para venta de alcohol en una tienda de abarrotes cuesta 250 mil pesos, una cifra que resulta prohibitiva para muchos propietarios de estos negocios en las colonias, explicó Loza Ginuez.

“Considero que los costos de los permisos incentivan a la informalidad. En Tijuana las inversiones que se hacen para este tipo de negocios son caras: la renta de un local, la adquisición de muebles, la contratación del personal, todo es caro”, admitió.

“Donde está la mayor irregularidad que es precisamente los abarrotes, en los mercados, ahí es donde tenemos el foco rojo y ahí es en donde estamos poniendo la principal atención”, señaló.

Ante este escenario, agregó que la Comisión está promoviendo una reforma integral al Reglamento de Alcoholes, que no ha sido actualizada en más de una década, para crear nuevas modalidades de permisos que se ajusten a la realidad económica de la ciudad.

“No se limita nada más a barberías y spa, una notaría, cualquier despacho de abogados donde se cierre un negocio, la compra venta de algún tipo de inmueble, etcétera. Es simplemente para dar esas facilidades”, adelantó.

El edil enfatizó que este permiso tendría un costo de aproximadamente 50 mil pesos y necesitaría una renovación anual.

Por último, hizo énfasis en las prácticas de grandes empresas cerveceras que rentan o prestan permisos a pequeños comercios sin realizar los cambios de nombre o domicilio legalmente requeridos, dejando al comerciante en la vulnerabilidad jurídica.

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Miguel Antonio Loza subrayó que aunque buscan facilitar la regularización, una vez aprobadas las nuevas disposiciones se endurecería la vigilancia.

Advirtió que las sanciones por operar irregularmente tras este periodo alcanzarían clausura definitiva y multas que superarían el millón de pesos, dependiendo la gravedad de la falta y el tamaño del establecimiento.