¿Estacionómetros en 5 y 10, UABC y zona industrial de Otay? Esto dice la concesión que dio el Ayuntamiento
El acuerdo era regular casi 10 mil espacios de estacionamiento en seis zonas de esta ciudad
Adelina Dayebi Pazos, Daniel Ángel Rubio y Eduardo Jaramillo Castro
Copemsa, la empresa que administra la concesión de los estacionómetros en Tijuana, está demandando al municipio porque el sistema de cobro no fue instalado en todos los espacios acordados, informó Arnulfo Guerrero León, titular de la Secretaría de Gobierno Municipal.
La compañía que recibió el título de concesión desde 2019 argumenta un perjuicio económico.
El acuerdo entre Copemsa y el gobierno del entonces alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Partido Acción Nacional (PAN), era regular casi 10 mil espacios de estacionamiento en seis zonas de la ciudad.
Según la minuta de la junta de aclaraciones, que forma parte del expediente del que El Sol de Tijuana tiene una copia, el análisis de la oferta y demanda de estacionamientos en la vía pública estuvo a cargo del Instituto Metropolitano de Planeación (Implan).
Las áreas contempladas en la concesión son Centro-El Chaparral, 5 y 10, zona industrial de Otay, las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC)- Tecnológico, Zona Río y Playas de Tijuana.
Sin embargo, durante más de cinco años el servicio únicamente funcionó en la Zona Centro, donde el último dato público obtenido mediante una solicitud de información dice que están regulados más de dos mil 300 lugares con 107 máquinas de cobro.
Por eso tras la instalación en el mes de julio de nuevos parquímetros en Zona Río, donde el Implan estimó la viabilidad de cobrar en dos mil 470 espacios, el secretario de gobierno justificó la ampliación como algo que ya estaba acordado desde 2018.
“Lo único que está haciendo en este momento es la aplicación de la concesión que se aprobó en ese momento a esa empresa”, respondió durante una conferencia de prensa en la que habló sobre las condiciones del Palacio Municipal.
EL CONTRATO Y ALGUNOS INCONVENIENTES
La concesión CONC-2019-IR-001 que entregó el exalcalde Gastélum Buenrostro no fue una licitación pública sino una invitación restringida.
Tres empresas recibieron por correo electrónico esa invitación del gobierno de la ciudad: Mojo Real Estate S.A.P.I. de C.V., Soluciones Tecnológicas Municipales Latam S. de R.L. de C.V. y Copemsa Tijuana S.A. de C.V.
Aunque en realidad no hubo competencia para obtener la concesión porque el 10 de abril de 2019 el comité de adquisiciones sesionó para abrir los sobres con las propuestas económicas de cada empresa, las primeras dos desistieron de participar.
La minuta de esa sesión no establece los motivos, pero de esa forma Copemsa Tijuana S.A. de C.V. no tuvo contrincantes para obtener la concesión por 15 años a cambio de un 60% de los ingresos para ella y 40% para la ciudad.
La empresa se comprometió a invertir 30 millones 859 mil 162 pesos para la colocación de parquímetros, contratación de personal, compra de equipo de transporte, comunicación y más.
El Ayuntamiento otorgó el título de concesión bajo el argumento de que modernizar el sistema de parquímetros que estaba vigente entonces, con tecnología de 1980 y 1990, costaría a la ciudad más de 75 millones de pesos.
En cambio, el programa generaría 54 millones de pesos al año, de los que 21 millones serían para el gobierno de la ciudad.
Aunque en realidad desde el inicio las autoridades consignaron las posibles complicaciones que representaría regular los casi 10 mil espacios propuestos.
Por ejemplo, en la zona industrial de Otay el Implan identificó que los trabajadores de las maquiladoras podrían representar “un ingreso constante” en los parquímetros porque dejan sus autos en la vía pública mientras acuden a laborar.
“Aunque se podrían causar inconvenientes con los trabajadores de las fábricas por el cobro por permanecer en el lugar, esto se podría ver compensado al ofrecerles una mejor seguridad en la zona con constantes revisiones por parte de las autoridades”, consignó el Ayuntamiento en ese momento.
El mismo inconveniente y el mismo argumento para impulsar los parquímetros esgrimió para la zona UABC-Tecnológico, donde además de la alta presencia de estudiantes que podrían ser afectados encontró que “gran parte del uso de suelo está destinado a vivienda”.
El Sol de Tijuana contactó a la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO), para conocer si han sido notificados de una posible ampliación del sistema de estacionómetros en esa zona, pero no estuvo disponible de inmediato para dar sus impresiones.
En 5 y 10, por otra parte, el Implan apuntó a las inmediaciones de la clínica 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como un polígono altamente rentable para colocar los parquímetros, pero también encontró problemas.
RESOLVER, ANTES QUE EXPANDIR
El municipio debe consolidar la red de parquímetros ya instalados en Tijuana, en las zonas Centro y Río, antes de ampliar el servicio en otras áreas de la ciudad, consideró Victor González Mendivil, presidente de Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción del Estado (Comice) Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito.
El especialista en urbanización comentó que aunque el objetivo de instalar parquímetros es que las personas con automóvil opten por otros modos de desplazamiento a sus lugares de destino, no lograr este objetivo resulta contraproducente.
En la Zona Centro, el único espacio donde la empresa cambió los viejos parquímetros que eran administrados por el municipio por las máquinas que hoy operan, el argumento del cambio fue que fomentaría la circulación de clientes en los comercios.
Y aunque el presidente de Comice coincidió en que un esquema organizado de estacionamientos en las zonas que concentran altas cantidades de negocios y empleos puede tener impactos positivos en la movilidad, advirtió que la sola instalación no basta.
Para lograr el objetivo principal el programa de estacionómetros debe ir acompañado de redes de transporte público masivo que contribuyan a la disminución del uso del vehículo para aliviar los problemas de congestionamiento, agregó.
González Mendivil también consideró que la principal “área de oportunidad” de la concesión que está funcionando en la ciudad es la modernización del sistema de pago, ya que varias máquinas no funcionan.
Además, destacó, es necesario un trabajo colaborativo entre la empresa concesionaria de los parquímetros y las áreas de tránsito municipal para lograr mecanismos de control bien coordinados.
BICICLETAS PÚBLICAS
La concesión entregada en 2019, de acuerdo con el expediente del proceso que llevó a cabo el Ayuntamiento, no solo contemplaba la modernización del viejo sistema de estacionómetros.
También consideraba la posibilidad de “establecer un sistema de transporte público no motorizado mediante la implementación de estaciones que brinden el servicio de uso de bicicletas públicas compartidas”.
Para esto, el Implan localizó ocho puntos que demandan infraestructura ciclista distribuidos en las delegaciones Centro, Playas, La Mesa y Centenario, algunos de ellos colindantes con los polígonos para estacionómetros.
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El motivo por el que esa parte del proyecto nunca ha sido comentada ni llevada a cabo es incierta y el secretario de gobierno del municipio no estuvo disponible para responder a ello.
También queda en el aire la pregunta sobre el futuro de los estacionómetros concesionados porque en 2020 el entonces presidente municipal, Arturo González Cruz, modificó el acuerdo.
Aunque no cambió los porcentajes de reparto de los ingresos, que para entonces ya habían caído alrededor del 30% anual, sí la redujo de 15 a siete años seis meses, lo que significa que el último año de vigencia es el 2026.
* Con información de Adelina Dayebi Pazos, Daniel Ángel Rubio y Eduardo Jaramillo Castro
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