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Localmartes, 24 de febrero de 2026

Las uniones de adolescentes y niñas con adultos continúa; el Congreso no ha legislado

“Nuestras niñas no se venden”, dice la Red de Mujeres Unidas por Baja California, que presentó la iniciativa para tipificar la cohabitación forzada

Melina Flores González

Aunque el matrimonio infantil está prohibido en el Código Civil, en Baja California esas uniones informales persisten, afectando principalmente a niñas en zonas rurales y contextos de movilidad, de acuerdo con la Red de Mujeres Unidas por Baja California.

“Se elimina la posibilidad de tener una infancia sana, feliz y contenta. La salud y la educación se ven mermadas, se interrumpe la educación y se abre la explotación laboral y el abuso”, señaló Delia Ávila Suárez, integrante de la asociación.

Vanessa García, su presidenta, destacó que existe una falsa percepción de que este problema solo ocurre en el sur del país por “usos y costumbres”.

García instó al Congreso local a aprobar su iniciativa ciudadana presentada en octubre del año pasado, para tipificar la cohabitación forzada en el Código Penal.

Explicó que la propuesta busca de ocho a 15 años de prisión para quienes obliguen, induzcan o permitan la unión de menores de edad con adultos, una práctica que, según las activistas, sigue normalizada bajo una “cifra negra”.

La asociación aseguró que una muestra de esto es que durante 2024 en el estado nacieron mil 821 bebés de madres con entre 10 y 17 años de edad.

En Baja California ocurren 14 nacimientos diarios de madres adolescentes, de los que siete corresponden a Tijuana, aseguró Delia Ávila.

También puntualizó que los focos rojos se concentran en la Zona Este de Tijuana y San Quintín.

La iniciativa no solo busca homologar el Código Penal local con el federal, reformado en 2023, sino que busca ir más allá, indicó Vanesa García. 

“Estamos estableciendo el agravante para personas con discapacidad o grupos de atención prioritaria, como niños migrantes no acompañados que se ven expuestos a estas prácticas para ‘regular’ su estancia en el estado”, explicó.

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Además, proponen que el delito sea imprescriptible, permitiendo que las víctimas puedan denunciar incluso después de alcanzar la mayoría de edad.

Finalmente indicó que la iniciativa está respaldada por más de ocho mil firmas ciudadanas recolectadas en menos de una semana y cuenta con el aval de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC).

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