¿Qué ha pasado con los expedientes abiertos por el deslizamiento en Lomas del Rubí?

Giovanny Urenda

Guadalupe Magdaleno González aún recuerda el 2 de febrero de 2018 cuando las casas de sus vecinos en Lomas del Rubí comenzaron a venirse abajo por un sorpresivo deslizamiento de tierra.

Me topé con esa novedad, mi papá estaba aquí y me decía que nos fuéramos, pero no tenía a dónde ir

Vive en la calle Liberal Patria, justo frente a la zona de desastre y lleva ocho años esperando que alguien responda por los daños.

El colapso ha sido atribuido a los cortes de tierra que realizó Grupo Melo para la construcción de un fraccionamiento cercano, Valle del Pedregal, con permisos otorgados por el municipio.

La zona afectada luce como un barranco, con los restos de las viviendas que con el paso de los años han colapsado. 

De acuerdo con los vecinos, el deslizamiento afectó 180 viviendas y causó daños por 100 millones de pesos.

Los afectados presentaron dos demandas: una contra la empresa constructora Grupo Melo por su presunta responsabilidad en el deslizamiento; otra contra autoridades por la entrega permisos y posibles omisiones.

Pero el avance ha sido tan lento que apenas el pasado viernes 27 de febrero, más de ocho años después, se llevó a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación contra la constructora.

El caso es llevado por la Fiscalía General del Estado (FGE), y aunque es un avance, “apenas es el arranque” de un proceso que puede prolongarse indefinidamente, mencionó Maximiliano Ramos, fiscal regional en Tijuana.

La fiscalía tiene ahora hasta seis meses para complementar su investigación, después vendrán la acusación y la audiencia intermedia donde las partes podrían llegar a un acuerdo reparatorio, o de lo contrario, entonces sí ir a juicio oral, detalló el fiscal.

El fiscal regional mencionó que son 125 personas las que demandaron a Grupo Melo por daño a propiedad ajena y además de una compensación económica buscan la reparación de sus viviendas en Lomas del Rubí o en otra área.

Atalia Ramos, una de las demandantes, dijo el viernes 27 de febrero después de la audiencia inicial que están dispuestos a llegar a una negociación con Grupo Melo para evitar que el proceso se siga prolongando.

“Esto es un proceso jurídico, realmente son años”, comentó.

El fiscal regional destacó que el delito de daño a propiedad ajena es castigado con prisión, en este caso para los propietarios de la compañía y para el ingeniero que estuvo encargado de la obra.

Al pedir una explicación del lento avance después de ocho años, respondió que el expediente estaba en la Unidad de Trámite Masivo de Causa (UTMC), y fue reencaminado.

“Se cambió al área de patrimoniales y ahí se ejerció acción penal. No había un avance, mejor cambié de área y fue cuando pudieron tener los elementos mínimos e indispensables para poderlo judicializar”, dijo.

Además, mencionó que la audiencia inicial de formulación de imputación fue diferida en dos ocasiones por falta de notificación a los ofendidos.

“Tienen que estar notificados todos para que dé inicio la audiencia. A algunos los notificó por estrados, a otros de manera personal, algunos no alcanzaron a llegar a la audiencia”, añadió.

El Sol de Tijuana buscó a Grupo Melo para conocer su postura sobre el caso, pero sus oficinas ya no se encuentran en el Libramiento Sur y tampoco hubo respuesta en los números telefónicos en los números disponibles.

DEMANDA EN CONTRA DEL MUNICIPIO Y EL GOBIERNO ESTATAL

En 2018, luego del deslizamiento que los dejó sin hogar, un grupo de 15 afectados presentó una denuncia en Sindicatura en contra de los funcionarios municipales que otorgaron los permisos a la constructora.

Pero dos años después, en la siguiente administración municipal, los denunciantes acusaron que la entonces síndica procuradora, Ana Marcela Guzmán Valverde, cerró el caso.

 Ante esa decisión de la autoridad municipal los afectados acudieron ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), para inconformarse en 2020.

“La sindicatura se pronunció diciendo que no era procedente la reclamación patrimonial. Demandamos la nulidad del acto administrativo ante la sala especializada del TEJA”, explicó Antonio Albuerne Gómez, representante legal de los afectados.

Hasta el momento el TEJA no ha emitido ninguna resolución, afirmó.

Estamos en la recta final. Me tiene que llegar la notificación por boletín electrónico y a los tres días se publica el boletín. Solo se ha realizado un juicio y han pasado esos años

El Sol de Tijuana solicitó conocer el estatus del expediente en Sindicatura, pero no hubo respuesta.

El 21 de agosto de 2021 el Comité de transparencia del 23 Ayuntamiento de Tijuana determinó clasificar como reservada toda esa información por un periodo de cinco años, lo que significa que ese plazo vence este año.

Antonio Albuerne explicó que sus representados buscan una compensación económica de 7 millones de pesos.

“Se demandó la compensación económica y por el otro lado también el resarcimiento del daño material respecto a todas sus viviendas”, afirmó.

Además señaló que el gobierno municipal otorgó permisos a Grupo Melo para la construcción del fraccionamiento Valle del Pedregal, permitiendo los cortes de talud que presuntamente provocaron el deslizamiento de tierra.

La demanda también incluye al gobierno estatal debido a que estuvo en riesgo la integridad física de los afectados, su patrimonio, sus bienes y no recibieron apoyo en materia de salud, comentó el abogado.

El gobierno estatal dijo que la Consejería Jurídica no tiene conocimiento del caso y por lo tanto no contaban con información sobre esa demanda.

“Dicen que hay prescripción, que no cumplimos con la ley de responsabilidad patrimonial de Baja California y sus municipios, manifiestan que no era la administración actual, pero aquí uno demanda al estado”, detalló.

DESESPERACIÓN

Albuerne Gómez mencionó que sus representados en ocasiones pierden la esperanza y la paciencia, porque han pasado más de ocho años desde que sus viviendas colapsaron y no han recibido justicia, pero no ven todo perdido.

“Estamos confiados por todo el umbral probatorio que demostramos, por los dictámenes periciales que brindaron peritos de la fiscalía que se relacionan con nuestros hechos de que si hay una afectación en su esfera psicológica”, agregó.

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Me da tristeza, son cosas que a uno le costaron. No importa cómo hayas tenido la casa, la mayoría de los vecinos que quedan son de la tercera edad

A pesar de estar en zona de riesgo, catalogada así por Protección Civil municipal, afirma que no dejará su vivienda por temor a que sea invadida por otras personas, como ya ha venido ocurriendo a su alrededor.