Ocultar cifra de desaparecidos busca proteger imagen del gobierno de Baja California: Colectivos
“La ausencia de una cifra oficial lastima directamente a las víctimas, porque nos obliga a hacer el trabajo que el Estado no hace”, dijo Sandoval
“La ausencia de una cifra oficial lastima directamente a las víctimas, porque nos obliga a hacer el trabajo que el Estado no hace”, dijo Sandoval

Eduardo Jaramillo Castro
La negativa de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California de hacer pública la cifra actualizada de personas desaparecidas responde a un intento por proteger la imagen del gobierno estatal, señaló Paula Sandoval, presidenta de la Asociación Familiares Unidos Buscando a Nuestros Desaparecidos.
La activista sostuvo que la falta de transparencia impide dimensionar la magnitud del problema y limita la creación de políticas públicas eficaces para atender la crisis de desapariciones en la entidad, la cual se ha agudizado en los últimos años.
Recordó que la organización Elementa Derechos Humanos obtuvo un amparo para obligar a la FGE a transparentar las cifras oficiales; sin embargo, la dependencia se ha negado a entregar información actualizada desde 2022.
“No se puede buscar lo que no se reconoce. La ausencia de una cifra oficial lastima directamente a las víctimas, porque nos obliga a hacer el trabajo que el Estado no hace”, expresó Sandoval.
La presidenta del colectivo señaló que la opacidad institucional sólo beneficia a los funcionarios, quienes “minimizan” el problema para evitar impactos políticos y administrativos.
“Nos dicen que es para proteger las investigaciones, pero eso es falso; se protegen ellos mismos frente a una estadística que les perjudica”, afirmó.
De acuerdo con Sandoval, existe una grave incongruencia entre los registros oficiales. Mientras el Registro Nacional de Personas Desaparecidas reporta poco más de 4 mil 400 casos en Baja California, solicitudes de transparencia revelan la existencia de más de 42 mil carpetas de investigación abiertas entre 2006 y 2024 relacionadas con desaparición.
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Esa cifra oficial es una burla para las familias. ¿A quién quieren engañar?cuestionó.
Finalmente, exigió que se respete el amparo ganado por organizaciones civiles y se transparenten los datos reales. “Sólo pedimos justicia y verdad. Buscamos a nuestros hijos, hermanos y padres; la institución que debería protegernos nos mantiene en la opacidad y la impunidad”.
