¿Recuerdas la caída de edificios en La Sierra? Así está la situación a dos años de distancia
“Queremos vivir tranquilamente, porque desde hace dos años dormimos, pero no descansamos, más cuando hay presencia de lluvia”, dijo Juan Carlos Higuera
Eduardo Jaramillo Castro
A dos años de la caída de los dos edificios departamentales en la calle Tarahumara hacia el bulevar Cuauhtémoc Sur, el proceso para una posible solución a los afectados parece estar lejos debido a los litigios entre algunas de las partes involucradas.
Si bien es cierto que el deslizamiento de tierra no ha continuado, los propietarios siguen esperando la reparación de la calle para regresar un poco a la normalidad que tenían hace 50 años, como se los prometieron las autoridades municipales.
Y es que a partir de aquel 27 de marzo de 2023, cuando la caída de los edificios se volvió mediática y los ojos de muchos esperaban el momento en que colapsarían, su vida cotidiana ya no volvió a ser igual.
El saldo tras los dos edificios colapsados fue: un tramo de la calle Tarahumara desapareció; 12 viviendas y departamentos fueron catalogados como inhabitables, y siete viviendas quedaron en zona de riesgo
En la parte baja del cerro, a un costado del bulevar Cuauhtémoc, 10 locales comerciales permanecen cerrados.
Juan Carlos Higuera, habitante de una de las viviendas inhabitables en la calle Tarahumara, frente a la zona del derrumbe, denunció que una vez que cayeron los dos edificios las autoridades municipales no volvieron a contactarlos, solo inspeccionan la zona sin mediar palabra.
Dijo que se sienten abandonados porque no les notifican ni proporcionan información actualizada, aunque acudan a la Dirección de Administración Urbana (DAU).
“Lo único que les preocupa es que se vaya la tierra hacia abajo, donde está el bulevar Cuauhtémoc porque deberán cerrar la carretera, pero a lo que nos pase nosotros, no les importa”, subrayó, Juan Carlos.
Comentó que una vez que colapsó el segundo edificio, el exsecretario de Gobierno municipal, Miguel Angel Bujanda Ruiz, llegó con medios de comunicación para tomarse la foto al poner los muros que impedían el paso a la calle.
Nada más nos dijo que contáramos con él, pero jamás volvió a poner un pie aquíaseguró el vecino de la calle Tarahumara.
Añadió que dejó de acudir al Palacio Municipal porque no recibía ninguna solución, solo le volvían a pedir su nombre y número de contacto.
La última información que recibió fue que no se podía hacer ningún trámite o remediación en el lugar.
“No se puede porque está en litigio, esa es la (última) respuesta que hemos recibido”, contó.
VERSIONES DEL ORIGEN DEL DESLIZAMIENTO Y ESTUDIOS GEOTÉCNICOS
Arrendatarios de los departamentos declararon a medios de comunicación, días posteriores a la caída de los edificios y la pérdida de sus pertenencias, que habían comunicado a la propietaria de los edificios sobre fugas de agua y grietas en el concreto que posteriormente se agravaron.
Bertha Alicia Rojas Rodríguez, dueña de los edificios, coincide con los vecinos en la existencia de una fuga, pero el origen varía dependiendo a quién se le pregunte.
Juan Marcos Gutiérrez, representante legal de Bertha Rojas, aseguró que la responsabilidad del deslizamiento de la tierra y la pérdida del patrimonio de su clienta es la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), al no atender fugas de agua.
Señaló que la última fue reportada a mediados de marzo pero ya habían interpuesto otras seis quejas por fugas anteriores que la dependencia no resolvió.
Añadió que también la CESPT instaló tres medidores para dar servicio de agua potable a locales en la parte baja y eso generó las fugas.
“Fue una instalación completamente irregular, en esa circunstancia el peso se multiplica 20 veces más con la tierra saturada de agua, por eso el deslizamiento creció exponencialmente”, sostiene el abogado Juan Marcos Gutiérrez.
De acuerdo a un estudio que mandó realizar la propietaria de los edificios colapsados, hay una saturación de agua en la parte central de la calle Tarahumara donde se encontraba el retorno de la calle cerrada, justo enfrente de las edificaciones dañadas.
El estudio fue solicitado al representante legal, pero respondió que no puede proporcionarlo ni puede ser difundido porque forma parte del proceso legal.
Juan Marcos Gutiérrez comentó que la construcción de los edificios departamentales no estaba en la orilla del cerro, sino que el deslizamiento, provocado por la humedad y el reblandecimiento de la tierra, los desplazó.
“Hay una prueba irrefutable que fue una buena construcción, porque primero (los edificios) viajaron cuando menos 20 metros hacía abajo, la construcción estaba parada y completa, y luego se cayó”, apuntó.
Mencionó que el corte de talud en la parte baja también pudo haber afectado, pero sin la saturación de agua el deslave no hubiera ocurrido.
Tenemos todos los estudios, certificados y con las tomas de Google Earthmencionó.
El Sol de Tijuana solicitó entrevista o información a la CESPT sobre estos señalamientos y preguntó si hay estudios para determinar responsabilidad, pero hasta el cierre de edición no se había recibido una respuesta.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Tijuana mandó realizar un estudio geotécnico profundo para determinar el origen del deslizamiento.
Francisco Javier Franco Casas, especialista en geotécnica y coordinador de esos estudios, dijo que hicieron excavaciones de 20 metros de profundidad y no encontraron saturación de agua en la zona.
Añadió que si hubo fugas de agua debieron surgir dentro de la propiedad, es decir, después de la instalación de los medidores y como consecuencia del movimiento de los edificios.
Los estudios también arrojaron que hay tres capas diferentes de tierra, una de ellas tipo arcilla que con presencia de humedad provoca movimientos de tierra.
Franco Casas indicó que los responsables de la obra debieron proyectar el tipo de tierra en la zona y construir a base de pilotes para no permitir el movimiento de los edificios.
Se construyó con zapatas tradicionales en lugar de pilotes con cierta profundidadafirmó.
Desde su punto de vista, el Director Responsable de Obra (DRO), el funcionario que otorgó el permiso de construcción y la propietaria podrían ser responsables del deslave.
Los edificios departamentales fueron construidos con 15 años de diferencia, el primero en el 2005 y el segundo tras el fin de la pandemia por Covid-19.
El permiso para el primer complejo de departamentos, cuando aún no existía la Ley de Edificaciones para el municipio de Tijuana (2015), lo firmó la entonces jefa del departamento de Control Urbano, Ana Lilia Cruz Carrillo, y como DRO firmó el ingeniero Gustavo Hernández Lee.
El permiso de construcción del segundo edificio se entregó en abril de 2021, y el arquitecto Isacc Lorenzo Salcedo Leos fue el DRO, mientras que el funcionario municipal que lo otorgó fue Óscar Morales Orduña, de acuerdo con información de Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
LAS DEMANDAS
La propietaria de los dos edificios, Bertha Alicia Rojas, demandó a la CESPT ante la Secretaría de Honestidad y Función Pública por las afectaciones y la pérdida de su patrimonio.
Su representante legal, Juan Marcos Gutiérrez, adelantó que si la resolución en la Secretaría de la Honestidad no fuera favorable , la presentarán ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).
Comentó que el montó de los daños supera los 40 millones de pesos, pero no podía revelar la cifra exacta.
Residentes de la zona afectada comentaron que el propietario de los comercios en la parte baja demandó a la dueña de los edificios y al Ayuntamiento, sin embargo, Juan Marcos Gutiérrez afirmó que no hay ninguna demanda en contra de su clienta.
Ante la falta de solución a los vecinos que resultaron afectados, Juan Carlos Higuera informó que hay un juicio de amparo en proceso para exigir la actuación de la autoridad municipal.
“La Constitución establece que el gobierno tiene la obligación de reparar cualquier daño, causado ya sea por el ser humano o la madre naturaleza”, agregó.
Franco Casas comentó que junto con los estudios geotécnicos entregados al Ayuntamiento de Tijuana anexaron un documento con propuesta para remediación de la calle Tarahumara que consiste en la instalación de una serie de pilotes y reparación de la calle.
Sobre el costo de estos trabajos, indicó que sería necesario un estudio para determinarlo.
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Ahora, a dos años de distancia, los vecinos continúan viviendo en la incertidumbre sin saber cuándo la calle será reparada.
Juan Carlos Higuera dijo que los afectados no buscan confrontaciones ni hacer señalamientos a los posibles causantes del deslave.
“Queremos vivir tranquilamente, porque desde hace dos años dormimos, pero no descansamos, más cuando hay presencia de lluvia”, indicó.
Exigió a las autoridades la reparación de la calle porque ni él ni sus vecinos son culpables de lo sucedido.
“No peleo nada monetario, que arreglen la calle para que todo vuelva a su normalidad”, finalizó.
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