Reforma a la Ley de Amparo podría vulnerar derechos de contribuyentes, señalan especialistas

Adelina Dayebi Pazos

La reforma que propone la Presidencia de la República a la Ley de Amparo, y que ya fue aprobada por el Senado, ha generado preocupación por las posibles afectaciones a los contribuyentes, señalaron especialistas.

Para Jorge Alberto Pickett Corona, abogado fiscalista, esto se debe a que la reforma limita la defensa de los contribuyentes en materia fiscal.

“Falta la Cámara de Diputados (por aprobar) y muy seguramente va a traer consigo mayores modificaciones”, dijo.

Explicó que el amparo es un medio de control constitucional que permite a la ciudadanía salvaguardar sus derechos humanos ante transgresiones del Estado.

“Hoy en día nuestros derechos humanos son intocables o deberían ser intocables, incluso por parte de cualquier autoridad. Estamos en un piso que no es parejo con la autoridad fiscal”, comentó el abogado.

Detalló que el artículo 68 del Código Fiscal de la federación establece que los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales, hasta que el contribuyente demuestre lo contrario.

Pickett Corona recordó que la autoridad puede aplicar métodos de fiscalización en contra de los contribuyentes, como auditorías, multas o embargos.

“Nosotros tenemos la posibilidad de que si alguna legislación es contraria a los derechos humanos, tenemos la posibilidad de acudir a la figura del amparo”, señaló.

En materia fiscal, dijo, los amparos pueden interponerse contra actos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Por su parte, Juan Carlos Loaiza Hernández, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Baja California (CCPBC), consideró que las reformas afectan a los contribuyentes porque disminuyen su capacidad de defensa ante una situación jurídica o fiscal.

“Al quitarle toda esa fuerza al amparo estamos eliminando una fuerza, un elemento muy importante para todos los contribuyentes, para hacer frente a la anticonstitucionalidad de muchas disposiciones y leyes”, dijo.

El presidente del CCPBC opinó que, tras la reforma al Poder Judicial, que concluyó con la elección de juzgadores, sumada a la reforma al amparo, el país enfrenta un escenario de polarización.

Loaiza Hernández destacó que una de las modificaciones más relevantes, y que más afecta a la ciudadanía, es que quien solicite el amparo debe acreditar una afectación directa.

Recordó que, hasta ahora, los contribuyentes podían acudir al Poder Judicial para defenderse de la aplicación de una ley que pudiera ser inconstitucional o sujeta a interpretación, como una disposición fiscal.

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“Si la autoridad no se está adecuando a la legalidad, ahí es donde está la defensa. Al desvanecerse ese elemento de defensa que es el amparo, estamos perdiendo una capacidad muy fuerte en división de poderes, en materia de defensa con la autoridad”, señaló.

El pasado 15 de septiembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante el Senado la iniciativa para reformar la Ley de Amparo.

La propuesta ha provocado reacciones en distintos sectores, incluidas organizaciones civiles y colegios de abogados, por las posibles violaciones a los derechos humanos que implicaría.

La reforma ya fue aprobada por la mayoría del Senado y está a la espera de ser votada en la Cámara de Diputados.