Jakqueline Ordoñez Brasdefer*
Ambas realidades evidencian cómo los mandatos de género no son solo injustos: pueden ser mortales.
*Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Cada 10 de septiembre el mundo hace una pausa. No es solo una fecha en el calendario, es un llamado urgente a reconocer que detrás de cada cifra de suicidio hay una persona con sueños, con una identidad única, con vínculos y con un dolor profundo. El Día Internacional para la Prevención del Suicidio nos interpela directamente: ¿qué estamos haciendo para que la esperanza sea más fuerte que la desesperanza?
De acuerdo con Estadísticas a propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2023 México perdió 8,837 vidas por suicidio. No son estadísticas frías: son 8,837 historias interrumpidas, 8,837 familias desgarradas. La tasa nacional de 6.8 por cada 100,000 habitantes una emergencia de salud pública y de derechos humanos que clama por respuestas sensibles y efectivas, un desafío ético para garantizar el derecho a la vida y a la salud mental.
Estas cifras también muestran una desigualdad clara: la tasa de suicidio en hombres (11.4) triplica la de mujeres (2.5). Esto no es casualidad. A los varones, los estereotipos les dictan ser “fuertes” y no mostrar vulnerabilidad, lo que dificulta que pidan ayuda. Las mujeres, en cambio, suelen intentarlo más veces, muchas veces en contextos marcados por la violencia de género, la desigualdad o la sobrecarga de cuidados.
La situación es aún más alarmante entre adolescentes y jóvenes. Encuestas recientes muestran que un número significativo ha pensado o intentado suicidarse alguna vez. Esto exige estrategias focalizadas en escuelas, universidades, centros de salud y espacios comunitarios, donde la prevención y el acompañamiento sean prioridad.
Las causas del suicidio en México no se reducen a un diagnóstico médico: tienen raíces sociales y estructurales. Entre ellas destacan la violencia comunitaria y doméstica, la discriminación hacia juventudes, personas LGBTIQ+, comunidades indígenas y quienes están privadas de la libertad, así como la precariedad económica y la falta de acceso a servicios de salud mental gratuitos, confidenciales y culturalmente pertinentes.
Prevenir el suicidio es un deber de derechos humanos. Esto implica integrar su atención en los planes estatales y municipales de salud, reducir el acceso a medios letales, garantizar atención psicológica accesible y de calidad en escuelas y centros de salud, y fortalecer redes de apoyo comunitarias que acompañen a las personas en riesgo y a sus familias.
Hablar de suicidio no debe ser tabú. Hablar de ello con sensibilidad, reconocer las causas estructurales y garantizar entornos de dignidad e igualdad son pasos indispensables. Prevenirlo no es solo una acción sanitaria: es un compromiso ético, colectivo y humano para que cada persona pueda vivir su vida con plenitud, en toda su diversidad.
