Por iniciativa de la organización internacional Consortium for Street Children (CSC), el 12 de abril se evoca el Día Internacional del Niño y la Niña en Situación de Calle, con el objetivo de visibilizar la realidad de millones de infancias que, en todo el mundo, sobreviven en contextos de abandono, exclusión y vulnerabilidad extrema. Esta fecha, que actualmente se rememora en más de 130 países, es un llamado a que sus voces sean escuchadas y sus derechos, garantizados.

En México, la situación es alarmante. Diversas estimaciones —tanto de INEGI como de organizaciones civiles— indican que existen entre 90 mil y 115 mil niñas, niños y adolescentes en situación de calle, aunque la cifra real podría ser mucho mayor, debido a la falta de registros oficiales y la dificultad de identificar a esta población móvil, invisible ante el sistema.

La mayoría de ellos se ubican en zonas urbanas, especialmente en grandes ciudades, donde enfrentan graves riesgos: explotación laboral, violencia sexual, consumo de sustancias, estigmatización y criminalización por parte de las propias instituciones y sociedad que deberían protegerles.

Desde una perspectiva de derechos humanos, la infancia no puede ni debe vivirse en las banquetas, en los semáforos o en espacios públicos marcados por el peligro. La calle no es hogar, ni escuela, ni refugio. Es, más bien, el reflejo más crudo de la omisión estructural del Estado y de la indiferencia colectiva.

En la Comisión Estatal de Derechos Humanos, trabajamos con un enfoque integral y preventivo, priorizando el interés superior de la niñez. Sabemos que enfrentar esta realidad implica fortalecer las redes institucionales de protección, garantizar el acceso a derechos como la educación, salud, identidad, vivienda y familia, y fomentar una verdadera cultura de corresponsabilidad entre Estado, sociedad civil y familias.

Es urgente romper con la lógica punitiva y asistencialista que muchas veces prevalece en el abordaje institucional. La situación de calle no es una elección, sino una consecuencia de múltiples factores estructurales: pobreza, violencia, abandono, migración forzada, adicciones y falta de oportunidades.

Por ello, nos sumamos a la construcción de políticas públicas integrales, articuladas entre los distintos niveles de gobierno y sectores sociales, que incluyan: registros confiables y actualizados sobre la niñez en situación de calle, el fortalecimiento de los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y una coordinación efectiva entre los sistemas DIF, salud, educación, justicia y seguridad, con programas comunitarios de prevención, atención psicosocial y acompañamiento; aunado a la formación constante de las personas servidoras públicas en derechos humanos, infancia y perspectiva de género.

La presencia de niñas y niños en situación de calle no puede seguir siendo normalizada. Es una herida abierta en el tejido social y una violación a sus derechos más básicos. Como Estado, tenemos una deuda histórica con esta población, y como sociedad, una responsabilidad ineludible.

Desde nuestra labor como organismo público de derechos humanos, reiteramos nuestro compromiso de visibilizar, exigir y acompañar procesos de transformación institucional y cultural que hagan posible una infancia libre, digna y protegida para todas y todos. Todas las infancias importan.