Esa prioridad presidencial también se encuentra en la agenda del Senado de la República, lo que se traduce en la existencia de una sintonía estratégica en torno a la causa del agua como derecho, como bien público y como eje de transformación social.

¿Por qué es prioridad el tema del agua en el Poder Legislativo, y de manera particular en el Senado de la República? Veamos.

En ese sentido, una de mis prioridades como senadora de la República se encuentra en la defensa del agua como bien común y derecho humano, tanto en el plano nacional como en el ámbito regional latinoamericano.

Esa ley reconoce a los sistemas comunitarios de agua y saneamiento como expresiones legítimas de autogestión territorial, por lo cual, son sujetos de derechos con acceso a financiamiento público, asistencia técnica y protección jurídica.

Esta Ley Modelo se ha convertido en un referente normativo regional, posicionando a México como un actor propositivo en la construcción de marcos jurídicos innovadores y con enfoque social.

Existe un proyecto de Ley General de Aguas que nació como una iniciativa ciudadana presentada en la Cámara de Diputados durante la LXIV Legislatura. Desde entonces he sido una de sus principales impulsoras desde el Senado de la República.