El derecho a un trabajo digno no es únicamente una disposición legal: es una exigencia ética y social que implica el acceso a ingresos suficientes, protección social, condiciones laborales seguras y libertad frente a cualquier forma de coerción.
En México, el derecho constitucional a un trabajo digno continúa siendo una asignatura pendiente. Miles de personas viven en condiciones que se asemejan a formas modernas de esclavitud, muchas de ellas sometidas a trabajo forzoso en sectores como la agricultura, el empleo doméstico, los servicios de cuidado, la minería o la manufactura. Esta situación pone en entredicho el compromiso del Estado y del sector privado con sus obligaciones fundamentales en materia laboral.
La informalidad laboral ha alcanzado niveles alarmantes. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en Tlaxcala la tasa de informalidad se ubicó en 70.9 % durante el primer trimestre de 2025. A su vez, la tasa de condiciones críticas de ocupación, aquellas en las que los ingresos no alcanzan el equivalente al salario mínimo fue de 44.9 %. Estas cifras reflejan una realidad en la que cientos de personas laboran sin acceso a prestaciones, sin seguridad en el empleo y en condiciones que no garantizan un ingreso suficiente para una vida digna.
A nivel global, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que 27.6 millones de personas se encuentran en condiciones de trabajo forzoso. En México, las redes de trata laboral y los esquemas de explotación por endeudamiento perpetúan prácticas que representan formas contemporáneas de esclavitud.
Frente a este panorama, no basta con señalar la gravedad de la situación: es urgente proponer y ejecutar acciones concretas para garantizar el derecho al trabajo digno. Combatir la informalidad y elevar los ingresos reales son medidas esenciales. Sin seguridad social, prestaciones ni ingresos adecuados, el trabajo informal mantiene a millones de personas en la precariedad.
Igualmente, resulta prioritario fortalecer la inspección laboral y la rendición de cuentas dentro del sector empresarial. Las autoridades laborales, junto con empleadores y contratistas, deben ser objeto de sanciones firmes cuando incurran en prácticas que vulneren los derechos laborales o fomenten esquemas de subcontratación irregular.
La dignidad del trabajo constituye un pilar fundamental de los derechos humanos. En Tlaxcala, la combinación de pobreza, altos niveles de informalidad y casos documentados de trata de personas configuran un entorno particularmente propenso a la vulneración de este derecho. Por ello, la política pública debe trascender la mera emisión de normas: se requiere vigilancia efectiva, asignación de recursos adecuados y una estrategia coordinada entre instancias estatales, federales, organizaciones de la sociedad civil y organismos de derechos humanos.
