Analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A.C. @ivarrcor @integridad_AC
El próximo 1 de junio, México vivirá un proceso inédito: por primera vez, la ciudadanía elegirá a quienes integrarán el Poder Judicial. Sin embargo, lo que parecía un ejercicio ejemplar de democracia hoy está rodeado de dudas y señalamientos. A menos de dos semanas de la jornada, el debate ha dejado de centrarse en quiénes merecen llegar, para enfocarse en quiénes deberían quedar fuera. Las recientes exigencias del Senado para cancelar más de veinte candidaturas han desatado un nuevo enfrentamiento entre los poderes de la Unión y el INE, exhibiendo lo que muchos advertían desde el inicio: un proceso apresurado, lleno de omisiones y sin los filtros necesarios para garantizar perfiles realmente idóneos.
Desde el Ejecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha pronunciado, señalando que las candidaturas deben ser revisadas si existe alguna relación con la delincuencia organizada o si los aspirantes no cumplen con los requisitos académicos establecidos en la Constitución. En sus palabras: “Si hay algún caso en que [el candidato] no cumple con la Constitución, por alguna relación delincuencial, o que no tiene de promedio [en sus estudios] lo que exige la Constitución, [la denuncia] puede ser presentada desde mi particular punto de vista, y ya veremos qué decide el Tribunal” (El País, 2025).
En sintonía con esta postura, los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, solicitaron al INE cancelar el registro de 18 candidaturas por no cumplir con el requisito constitucional de “gozar de buena reputación”, contemplado en los artículos 95 y 97 de la Constitución. Además, demandaron la anulación de ocho candidaturas adicionales por no acreditar un promedio mínimo de ocho en sus estudios de licenciatura, requisito indispensable para ocupar cargos judiciales.
Fernández Noroña ha ido más allá al acusar que algunas de estas candidaturas están vinculadas al crimen organizado, al advertir: “Hemos detectado algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad” (El País, 2025).
Sin embargo, las advertencias no se limitan a las autoridades. Organizaciones de la sociedad civil, como Defensorxs, han documentado hasta 13 candidaturas que consideran “altamente riesgosas”, señalando casos que incluyen simpatizantes de la Iglesia de La Luz del Mundo, liderada por el criminal convicto Naasón Joaquín García, así como personas acusadas de acoso laboral y sexual, y exfuncionarios relacionados con delitos graves como desaparición forzada o muertes en centros penitenciarios.
Frente a este escenario, la respuesta del INE no tardó en llegar. En una sesión en la que el Consejo General votó por unanimidad, se rechazó la solicitud del Poder Legislativo para cancelar los registros de las candidaturas. El Instituto argumentó que intervenir en esta etapa del proceso podría poner en riesgo la equidad de la contienda. Al respecto, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, declaró: “Realizar juicios de valor a favor o en contra de alguna candidatura en este momento de las campañas, a 24 días de la elección, podría incidir de manera perjudicial en las preferencias. Ese no es el papel del Instituto”.
Por su parte, el consejero Uuk-kib Espadas recordó que la revisión de los perfiles debió realizarse en la etapa de registro, y que el INE no tiene facultades para descalificar candidaturas en este momento. Además, subrayó que “ser abogado de un delincuente no es impedimento para ser elegido”, lo que evidencia la dificultad de definir la “buena reputación” sin una sentencia firme.
En este sentido, el INE parece tener un argumento sólido, ya que los filtros para evaluar la probidad y los antecedentes de los aspirantes debieron aplicarse durante el proceso de selección, a cargo de los comités responsables de revisar cientos de perfiles en tiempo récord. La ambigüedad del concepto de “buena reputación” y la falta de sanciones judiciales firmes dificultan cualquier decisión posterior.
El verdadero riesgo, sin embargo, no radica únicamente en los antecedentes de los candidatos, sino en el conflicto de interés que podría surgir si resultan electos y posteriormente deben resolver casos vinculados a los grupos con los que se les relaciona. Esta situación comprometería tanto la imparcialidad como la legitimidad del futuro sistema judicial.
Lo que ocurra en los próximos meses será clave para evaluar el impacto de este proceso. La posible anulación de triunfos por no cumplir con los criterios de probidad, o la validación de candidaturas cuestionadas por falta de pruebas concluyentes, obliga a una reflexión profunda sobre cómo debe estructurarse este tipo de elecciones en el futuro. Hasta ahora, el desarrollo apresurado del proceso ha demostrado ser contraproducente, dejando abiertas las puertas a perfiles que podrían comprometer la imparcialidad y la calidad en la impartición de justicia.
