México aún tiene la oportunidad de corregir el rumbo. Para ello, debe reconocer que una elección judicial no se legitima solo con votos, sino con procesos sólidos, perfiles idóneos y voluntad genuina de respetar la independencia de los poderes.
Iván Arrazola es analista político y colaborador e Integridad Ciudadana A.C. @ivarrcor @integridad_AC
En los próximos meses se seguirá hablando mucho de la elección judicial en México. Aunque el gobierno ha presentado la elección de miembros del Poder Judicial como un hito democrático sin precedentes, los cuestionamientos internacionales, especialmente los de la OEA, han desdibujado ese discurso triunfalista. Más allá del optimismo oficial, los resultados de esta inédita elección han encendido alertas sobre la legitimidad, independencia y viabilidad del modelo adoptado.
Las Misiones de Observación Electoral (MOE) de la OEA tienen como propósito observar, evaluar y emitir recomendaciones sobre los procesos comiciales en la región, con base en estándares internacionales y normativa nacional. En el caso de México, la MOE sostuvo más de 75 reuniones con actores clave del proceso judicial: autoridades gubernamentales, electorales y judiciales, candidaturas, comités evaluadores, académicos y sociedad civil. Su objetivo fue claro: garantizar que los principios de transparencia, legalidad y derechos político-electorales se respetaran.
Lejos de limitarse a una vigilancia superficial, la misión analizó en profundidad las condiciones del proceso, su contexto político y la percepción pública. En su informe, la OEA reiteró que el monitoreo internacional no es una intromisión, sino una herramienta para fortalecer la democracia.
La elección de jueces no es un tema interno aislado: está regulada por compromisos internacionales suscritos por México. El derecho a ser juzgado por un tribunal independiente, imparcial y competente está consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 8) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14). La ONU también establece principios sobre la independencia judicial, destacando que los jueces deben ser personas íntegras, con formación jurídica adecuada y seleccionadas mediante mecanismos transparentes y técnicos.
En este sentido, la propia Relatora Especial de la ONU ha advertido sobre los peligros de la politización excesiva en la selección de magistrados. Por ello, recomienda sistemas de evaluación rigurosos: exámenes de conocimientos, entrevistas formales y pruebas psicométricas. Sin embargo, la MOE recogió opiniones críticas de académicos y funcionarios judiciales, quienes señalaron que los requisitos para los aspirantes a la Suprema Corte, el TEPJF y el TDJ fueron poco exigentes en comparación con la relevancia de sus funciones.
El informe de la OEA no fue complaciente. Si bien reconoció que la jornada se desarrolló en paz, destacó aspectos preocupantes que comprometen la calidad democrática del proceso. Primero, la baja participación ciudadana: apenas el 13 % del electorado votó, frente al 60.9 % registrado en las elecciones generales de 2024. La MOE consideró esta apatía como un llamado urgente a reflexionar sobre el modelo de elección adoptado.
En segundo lugar, la Misión cuestionó el uso masivo de “acordeones” —listas físicas y virtuales con candidatos sugeridos— promovidos desde estructuras del poder. Este mecanismo favoreció a ciertos perfiles, lo que pone en entredicho la equidad del proceso. A esto se suma la composición de los nuevos integrantes de la Suprema Corte: seis fueron promovidos por comités vinculados al Ejecutivo, mientras que los tres restantes ya formaban parte de la Corte como nombramientos del anterior presidente. Todo esto levanta “dudas razonables” sobre la independencia judicial frente al poder político.
Como era previsible, el gobierno mexicano reaccionó con molestia. La Secretaría de Relaciones Exteriores acusó a la MOE de exceder sus funciones, alegando que se violó el principio de no injerencia. Citó el artículo 3(e) de la Carta de la OEA, que garantiza a los Estados el derecho soberano a organizar su sistema político y judicial. Según la cancillería, la OEA no tiene facultades para emitir juicios de valor sobre la conformación del Poder Judicial mexicano.
La presidenta Claudia Sheinbaum fue más directa: “Que la OEA opine cómo se desarrolló la elección, pero que se guarde, porque no está en estatutos”, señaló, sugiriendo que la reforma judicial va más allá del mandato de la organización. Este tipo de respuesta recuerda las posturas del expresidente López Obrador frente a organismos internacionales: descalificaciones, nacionalismo y acusaciones de injerencismo.
El principal daño de este episodio no es solamente reputacional, sino estructural. La reforma judicial que el gobierno ha promovido como emblema democrático ahora aparece ante el mundo con serias grietas. La baja participación, las dudas sobre la imparcialidad de los nombramientos y la opacidad en los mecanismos de promoción han socavado su legitimidad.
En lugar de desacreditar a la OEA, el gobierno mexicano pudo haber optado por una respuesta diplomática y colaborativa. Abrirse al análisis técnico de los observadores habría sido una señal de madurez democrática. Pero al cerrar filas y rechazar cualquier crítica, se corre el riesgo de aislarse y repetir los errores de gobiernos que confunden soberanía con inmunidad ante el escrutinio internacional.
