En fechas recientes, las y los integrantes de la LXV Legislatura del Congreso del Estado aprobaron las iniciativas preferentes enviadas por el Poder Ejecutivo para integrar el programa legislativo para el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año legislativo.
Este hecho, si bien marca el trabajo coordinado entre poderes, atiende la necesidad de fortalecer el marco normativo que da sustento a las políticas gubernamentales que responden a la demanda ciudadana de garantizar el respeto a los derechos de las personas.
Con la aprobación de la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en materia de creación de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los delitos en Materia de Violencia de Género, y la expedición de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres para el Estado de Tlaxcala, la entidad da pasos importantes en el cumplimiento de dos compromisos a favor de las mujeres.
Por un lado, el de fortalecer la procuración de justicia con perspectiva de género para lograr una vida libre de violencia para las mujeres, y por otro, el de generar condiciones que permitan eliminar cualquier forma de discriminación por razón de género, a fin de empoderarlas.
Ambas reformas, publicadas el pasado mes de febrero en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, han entrado en vigor, y representan avances en la lucha contra la violencia de género y la desigualdad, que buscan transformar la realidad de miles de mujeres en el estado.
Son mejoras que responden a los desafíos estructurales en materia de equidad y justicia, los cuales reclaman el trabajo conjunto de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como la participación de la sociedad civil, los medios de comunicación y las instituciones, para conseguir su correcta implementación.
De cara al próximo 8 de marzo, resulta importante que Tlaxcala exprese con hechos que la equidad de género y la inclusión social son temas que ya no se ignoran ni postergan, como sucedió en el pasado, sino que se materializan en resultados que son de toda la sociedad.
La creación de la Fiscalía Especializada, que ya entró en funciones, reconoce los llamados de víctimas y colectivos feministas que, por años, pidieron contar con instituciones efectivas para investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, en este caso, para hacer asequible el acceso a la justicia mediante una instancia dedicada exclusivamente a delitos de este tipo y combatir la impunidad.
Por otro lado, la nueva Ley de Igualdad Sustantiva pretende que las brechas de desigualdad, en ámbitos como el laboral, político y social, se cierren en beneficio de las mujeres, lo que va más allá de un mero gesto de voluntad política: implica el establecimiento de mecanismos de seguimiento para garantizar su cumplimiento.
Las iniciativas presentadas por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, avaladas por las y los diputados locales, demuestran que la equidad de género y la inclusión social son prioridades en la agenda pública estatal, que se traducen ahora en nuevas capacidades institucionales para que las mujeres puedan aspirar a una sociedad en la que vivan libres de violencia y con igualdad de oportunidades.
Sin embargo, el reto no termina aquí. El desempeño y la relación entre las autoridades y los sectores de la sociedad debe seguir eliminando las barreras históricas que han limitado el desarrollo de las mujeres, construyendo así las condiciones de equidad y justicia que merece Tlaxcala.
