En Tlaxcala, el gobierno estatal prepara una reforma al Código Penal y a las leyes ambientales federales para reforzar la lucha contra la tala ilegal y, con ello, mejorar las condiciones de seguridad en las regiones forestales.
El fortalecimiento de las leyes resulta fundamental en el marco de las estrategias de seguridad pública. Contar con legislaciones claras, coherentes y actualizadas es necesario para que las autoridades estén en condiciones de actuar con más eficiencia ante aquellas conductas que afectan a la sociedad.
Hace unos días, autoridades estatales y federales establecieron compromisos de atención al problema de contaminación del Río Atoyac. La gira de la presidenta Claudia Sheinbaum por el estado sirvió para refrendar el interés del Gobierno de México por sanear uno de los ríos más contaminados del país, con el apoyo de los gobiernos de Tlaxcala y Puebla.
Y en menos de una semana, la gobernadora Lorena Cuéllar tomó acción, al anticipar una enmienda para encarar un delito ambiental que implica una de las principales amenazas para el equilibrio ecológico y la seguridad de comunidades con vocación forestal.
Como se sabe, la tala ilegal se asocia con el aumento de la deforestación, la cual tiene un impacto negativo significativo en los ríos, especialmente, porque afecta su capacidad para regular el agua y los sedimentos, lo que tiene consecuencias graves para el medio ambiente, pero también para las comunidades que dependen de estos cuerpos de agua.
En Tlaxcala, la protección del Parque Nacional La Malinche y el saneamiento del Río Zahuapan -que forma parte del Atoyac- son los proyectos prioritarios que, en materia medioambiental, tiene la actual administración estatal, y ambos guardan una relación intrínseca, por lo que las decisiones que se tomen en torno a uno afectan al otro.
Así, durante la séptima mesa interinstitucional para prevenir y erradicar la tala ilegal en Tlaxcala, se adelantó que el proyecto de reforma busca dotar a las autoridades de instrumentos legales más efectivos para sancionar este delito, por lo que se espera que la iniciativa cuente con el respaldo de otros estados, especialmente, los que integran la región centro del país, para que tenga un alcance significativo.
Hace unos días, autoridades de Tlaxcala y Puebla, en una acción coordinada, recuperaron 200 piezas de leña en rollo y brazuelo de diferentes dimensiones y diámetros, extraídas ilegalmente en el Parque Nacional La Malinche, en el municipio de Mazatecochco. A pesar de que los elementos policiales implementaron recorridos pie tierra por la zona en búsqueda de más indicios, únicamente procedieron al aseguramiento del material forestal y a su puesta a disposición ante la autoridad competente.
Sin embargo, si la propuesta de la mandataria estatal lograra prosperar, se podría incrementar la efectividad en las sanciones de esta práctica clandestina, y facilitar la colaboración entre las distintas instituciones del gobierno, así como la prevención de delito, todo lo cual constituye condiciones esenciales para adaptar a las instituciones a los nuevos desafíos y aumentar la confianza ciudadana en su labor. Además, la reforma propuesta sería el punto de partida para nuevas políticas públicas, mayor inversión en tecnología y capacitación para las fuerzas de seguridad.
Evidentemente, la agenda ambiental está estrechamente vinculada a la seguridad, y las modificaciones al Código Penal y a las leyes ambientales federales, que presentará el gobierno de Tlaxcala, son ejemplo de que, a través de un enfoque integral, se puede lograr un avance sustancial en el cuidado del medio ambiente y la seguridad de las comunidades, combinando legislación, educación, prevención y trabajo conjunto entre autoridades y sociedad.
