Facebook: Luis Enrique Bermúdez Cruz
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El abordaje de la seguridad es —por definición— complejo. Se trata de un estado de las cosas, se tiene seguridad o no en función de los riesgos y amenazas materializados en el orden del espacio —sea público o privado— y la integridad de las personas y su propiedad. Sin embargo, una persona y su entorno están seguros y seguras solamente si se logra atender la totalidad de las dimensiones y factores de la seguridad. Por ello el concepto ha derivado en seguridad humana, pública, interior, nacional, ciudadana, etc.
Desde el ámbito de la seguridad pública es importantísimo atender las necesidades de la población, sobre todo ante la prevalencia de actos delictivos y también la percepción de inseguridad. Para lograr los datos estadísticos y demás evidencia son fundamentales para la toma de decisiones.
Esta semana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) en el primer trimestre de 2025. Algunos datos importantes revelan cierta estabilidad estadística en lo relacionado con la seguridad pública. En marzo de 2025, 61.9 % de la población de 18 años y más, residente en 91 áreas urbanas de interés, consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Esto no representa un cambio estadísticamente significativo en comparación con marzo (61.0 %) y diciembre (61.7 %) de 2024.
Algunos de los espacios en los que las personas manifiestan sentirse más inseguras son: en los cajeros automáticos localizados en la vía pública (señalado por el 69.1 % de los encuestados); en el transporte público (el 62.8 %); en la carretera (56.1%), por mencionar algunos. Estos espacios tienen el común denominador de ser importantes para la vida cotidiana de las personas. De ahí que la importancia de atenderlas sea innegable.
Es positivo que el 44.4 % de los encuestados manifestaron que la “seguridad seguirá igual de bien” en su entorno urbano o “que la situación mejorará”. Es decir, demuestra confianza creciente en las acciones y estrategias gubernamentales para mantener un estado aceptable de seguridad. En el corto plazo, la seguridad debe permanecer como una prioridad para la atención gubernamental.
La ENSU también revela que el 35.0 % de la población de 18 años y más tuvo algún conflicto o enfrentamiento, de manera directa, con familiares, con personas vecinas, con personas compañeras de trabajo o escuela, con personal de establecimientos o con autoridades de gobierno. El dato es revelador porque supone ciertas dificultades estructurales para mantener espacios de convivencia y relación social. Por ello, las estrategias de esparcimiento y formación cívica complementan bien las acciones policiales de la seguridad.
Sin embargo, está de frente —como desde hace mucho tiempo— un reto por fortalecer a las instituciones de seguridad pública con mayor proximidad. Es reprobable, por parte de los gobiernos locales, que las instituciones con menor valoración del desempeño sean las políticas estatales (55.4 %) y las policías preventivas municipales (48.1 %). Ahí, los gobiernos estatales y municipales tienen una responsabilidad de dimensiones relevantes: generar capacidades institucionales y confianza en las organizaciones policiales.
