Las mujeres en la vida pública: el derecho a ser evaluadas por su trayectoria, no por estereotipos.

En el marco del próximo 8 de marzo, fecha reconocida por la Organización de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Mujer, recordamos que la lucha por la igualdad no es solo un discurso, sino una tarea diaria y concreta que nos involucra a todas y todos, es un llamado para acabar con todas las formas de violencia contra mujeres y niñas; es un día que nos convoca no sólo a conmemorar avances, sino a analizar los obstáculos estructurales que aún prevalecen y limitan el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.

Uno de esos obstáculos -persistente y normalizado- al que se ven sometidas las mujeres que participan en la vida pública, es aquel intento constante de desacreditarlas a partir de su vida personal, situación familiar, decisiones privadas, apariencia, tono de voz o el historial sentimental, separándolas intencionalmente de su preparación, experiencia y trayectoria profesional.

Cuando a una mujer se le exige justificar su vida privada como una condición implícita para validar su capacidad profesional, se establece una carga adicional que no guarda relación con su competencia ni con el ejercicio de sus funciones. Esta diferencia no es casual, sino el reflejo de una cultura que todavía exige a las mujeres explicaciones para ocupar espacios que históricamente les han sido negados. Es una forma de desviar el debate de lo sustantivo hacia lo irrelevante, es una manera de minimizar lo que debería ser evaluado con criterios técnicos, éticos y de desempeño, a juicios cargados de estereotipos de género.

Aquello no implica que las mujeres que participan en la vida pública no acepten la crítica, pues la misma es legítima y necesaria en una sociedad democrática. Sin embargo, debe centrarse en el desempeño que se realiza, en las decisiones adoptadas, en la responsabilidad institucional y no en lo personal. Cuando el debate público se centra en los aspectos privados de una mujer en lugar de su trayectoria profesional, se perpetúan narrativas que buscan restar legitimidad, persistiendo la idea de que el mérito femenino necesita justificación; como si se pretendiera insinuar que detrás de cada logro hay una circunstancia personal que lo invalida, en lugar de reconocer años de estudio, disciplina, experiencia y compromiso.

Desde una perspectiva jurídica, este fenómeno no es menor; constituye una forma de violencia simbólica contra las mujeres y reproduce estereotipos de género que contravienen el principio de igualdad y no discriminación. Este tipo de violencia suele ser invisible tanto para quien la ejerce, como para quien la recibe. Muchas veces pasa desapercibida en la sociedad, porque hemos normalizado frases, ideas y hasta prácticas que colocan a las mujeres en una posición inferior en comparación a los hombres, situándolas en desventaja no solo en el ámbito público, sino en otros aspectos de su vida. La vida personal de una mujer no debería ser utilizada como arma política, mediática o social, pues cuando esto ocurre, no solo se afecta a una persona en particular; se reproduce el mensaje a todas las niñas y adolescentes que observan que su preparación puede no ser suficiente, que siempre habrá un examen adicional y que deberán demostrar más para ser consideradas aptas para ocupar un cargo público.

El 8 de marzo no es solo una fecha de conmemoración, es una invitación a revisar nuestras prácticas cotidianas, a cuestionar qué ideas normalizamos, a decidir si queremos un espacio público donde prevalezcan los argumentos o los prejuicios.

Las mujeres en la vida pública no pedimos comprensión, pedimos justicia, pedimos que nuestra trayectoria hable por nosotras, pedimos que el debate y la crítica se centre en ideas, resultados, capacidad, conocimientos y responsabilidad. No se pretende recibir un trato preferencial, sino uno igualitario; una evaluación objetiva, un debate de altura, una crítica fundada en el desempeño y preparación, y no en la vida privada.

Porque la igualdad no se construye con discursos, sino con coherencia. El respeto comienza cuando dejamos de juzgar lo intrascendente para reconocer lo esencial.

Magistrada Anel Bañuelos Meneses.

Presidenta de la Sala Civil, Familiar y Mercantil del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

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