Garantizar los derechos de las madres trabajadoras no es solo una obligación legal. Es una inversión social. Es sembrar futuro.
*Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
En México, millones de mujeres sostienen con su trabajo —remunerado y no remunerado— la vida familiar, comunitaria y económica del país. Entre ellas, las madres trabajadoras enfrentan un doble desafío: garantizar el bienestar de sus hijas e hijos y, al mismo tiempo, cumplir con responsabilidades laborales en contextos que, con frecuencia, no reconocen ni respetan sus derechos humanos.
Este tema merece ser visibilizado con fuerza, particularmente en fechas conmemorativas como el Día de las Madres o el Día de la Maternidad Libre y Voluntaria. Porque si bien es legítimo rendir homenaje al rol materno, también es urgente replantearlo desde una perspectiva de derechos humanos, justicia social y equidad.
Las cifras hablan claro: según el INEGI, más del 70 % de las madres en edad productiva participa en el mercado laboral. Muchas de ellas son jefas de hogar, responsables principales —y en ocasiones únicas— del ingreso familiar. Sin embargo, persiste una marcada brecha salarial, una sobrecarga de tareas domésticas y de cuidado, y un acceso limitado a servicios públicos de apoyo, como estancias infantiles o licencias de paternidad que fomenten la corresponsabilidad.
Ser madre trabajadora en México es, muchas veces, un acto de amor, resistencia y dignidad. Como defensora de derechos humanos, docente y también madre, puedo atestiguar que esta experiencia implica armonizar jornadas laborales con tareas de crianza, enfrentar estigmas y desafíos estructurales, y sostener —en silencio— el bienestar de familias, escuelas, comunidades y espacios de trabajo.
Compartiendo experiencias de vida con más mujeres, coincidimos en momentos, en el que por las mañanas hay que preparar los quehaceres del hogar, alistar mochilas, meriendas y sueños; pero también, prepararnos para atender un empleo, una clase o atender un caso del trabajo de oficina. Ser madre trabajadora nos ha enseñado que el tiempo se mide en minutos, pero sobre todo en momentos: los que acompañan, cuidan, educan y forman.
Pero ese esfuerzo individual no debe ser aislado. Debe traducirse en cambios estructurales. Porque el trabajo de una madre no es un asunto privado, sino un eje de justicia social, un indicador de desarrollo humano y un reflejo de los compromisos del Estado con la igualdad sustantiva.
Desde una perspectiva jurídica, el marco normativo internacional, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos del Niño y la propia Constitución mexicana, establece obligaciones claras: garantizar el derecho al trabajo digno, a la seguridad social, a la no discriminación por razón de género o maternidad, y a un entorno laboral libre de violencia.
Sin embargo, los retos son evidentes: persistencia de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres; discriminación laboral basada en la maternidad o en el estado civil; escasez de políticas efectivas de conciliación trabajo-familia; ausencia de espacios dignos para la lactancia y el descanso; e invisibilidad del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, que representa alrededor del 23 % del PIB ampliado, según el INEGI.
Como defensoras y defensores de derechos humanos, asumimos con responsabilidad la tarea de incidir, promover y proteger los derechos de todas las mujeres, en especial de aquellas que enfrentan barreras múltiples por su condición de madres, y por pertenecer a grupos históricamente discriminados: mujeres indígenas, mujeres jóvenes, con discapacidad, del ámbito rural o en situación de pobreza.
Nuestro llamado es a la corresponsabilidad social. Porque el bienestar de una madre trabajadora no depende solo de ella o de su empleador: es una construcción colectiva. Necesitamos políticas públicas audaces y que rompan paradigmas, espacios laborales flexibles, comunidades solidarias e instituciones sensibles.
