Diputada local
Facebook: Sandy Aguilar
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En el mundo, 1 de cada 8 personas padece algún problema de salud mental, lo que impacta su bienestar físico, sus relaciones interpersonales y su calidad de vida. Sin embargo, estas personas suelen enfrentar discriminación y, en muchos casos, no cuentan con los servicios de salud mental adecuados o reciben una atención que no respeta sus derechos humanos.
A pesar de los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para promover y proteger la salud mental, en Tlaxcala aún queda mucho por hacer. Es preocupante que la entidad no cuente con un hospital psiquiátrico y que solo disponga de dos Centros Integrales de Salud Mental y cuatro Centros de Atención Primaria en Adicciones. Esto deja en evidencia la necesidad de fortalecer la infraestructura y los servicios de salud mental en el estado.
Es fundamental aclarar que muchas enfermedades mentales y adicciones pueden tratarse de manera paulatina y sin necesidad de reclusión. Esto permite al gobierno implementar medidas de atención externa y garantizar que los tratamientos psicológicos tempranos disminuyan la gravedad de los padecimientos, sin necesidad de recurrir a la psiquiatría en todos los casos.
Bajo esta premisa, es esencial que las escuelas y los ayuntamientos de Tlaxcala implementen estrategias para fomentar la salud mental. Estos espacios, por su cercanía con infancias, juventudes y adultos mayores, pueden jugar un papel clave en la detección temprana y el apoyo a quienes lo necesiten.
En este sentido, y tomando en cuenta que salud mental es una de las causas que abandera mi proyecto personal, esta semana presenté la iniciativa para realizar reformas a la Ley de Salud Mental y del Comportamiento Adictivo de Tlaxcala. El objetivo es actualizar su contenido y adaptarlo a las necesidades actuales de la sociedad.
Esta iniciativa busca aportar mayor claridad en la Ley mediante nuevas conceptualizaciones, además de reconocer la salud mental como un derecho humano. También plantea priorizar la atención en niñez, adolescencia y juventud, así como incluir emergencias sanitarias en la legislación.
Otro aspecto relevante es el aumento de la participación de las dependencias estatales como la Sepe e Idet, en labores de prevención; el fortalecimiento del rol de los ayuntamientos e instituciones educativas y la promoción de la participación de organismos como Cossies para brindar atención preventiva a través de practicantes y estudiantes en servicio social.
Uno de los temas prioritarios de la propuesta es la implementación de tamizajes de salud mental en el sistema educativo estatal, tanto en escuelas públicas como privadas, lo que permitiría evaluar a estudiantes de entre 6 y 18 años para detectar ansiedad, depresión o problemas de conducta, facilitando la intervención temprana y evitando complicaciones futuras.
La salud mental no puede seguir siendo un tema secundario en la agenda pública. Es momento de tomar medidas concretas para garantizar el bienestar de la población y construir una sociedad más saludable, equitativa y consciente. Desde el Congreso local, seguiré trabajando para que juntos lo hagamos posible.
