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El maíz nativo es un patrimonio biocultural que no sólo alimenta a millones de mexicanas y mexicanos, sino que constituye una parte esencial de nuestra identidad nacional. Por ello, recibo con profundo reconocimiento la nueva iniciativa de reforma constitucional presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca declarar al maíz como elemento de identidad nacional y garantizar su cultivo libre de transgénicos.
En mis labores como abogada, activista y política tlaxcalteca he luchado por visibilizar la importancia del maíz nativo en la agricultura, la cultura y la economía del país. En 2011 promoví la primera Ley de Protección del Maíz en el Estado de Tlaxcala, una acción legislativa pionera que sentó las bases para salvaguardar las variedades de maíz de los riesgos asociados a la introducción de organismos genéticamente modificados y que inspiró muchas legislaciones locales más.
Posteriormente, en 2021, fui impulsora de la aprobación de la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, legislación histórica que reconoció esta semilla como manifestación cultural nacional, prohibiéndose su siembra transgénica en territorio mexicano. Y recientemente, en 2024, impulsé la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, que reglamenta el derecho constitucional a una alimentación sana, suficiente y de calidad, fortaleciendo nuestra soberanía alimentaria.
La iniciativa de la presidenta Sheinbaum representa un paso significativo hacia el fortalecimiento de estas conquistas legislativas, al elevar a rango constitucional la protección del maíz. Las reformas propuestas a los artículos 4 y 27 de la Constitución Política Federal reconocen al maíz como elemento de identidad nacional, pero también establecen la obligación del Estado a garantizar un entorno libre de transgénicos para su cultivo.
El reconocimiento constitucional del maíz nativo tiene implicaciones profundas para las comunidades campesinas e indígenas, quienes han sido las guardianas de este cultivo a lo largo de los siglos. Además, la diversidad de maíces en México es fruto del trabajo de generaciones que han adaptado y preservado estas variedades a través de prácticas agroecológicas que sirven ahora para asegurar nuestra seguridad alimentaria y enfrentar los retos que el cambio climático impone a la agricultura.
Es por ello que esta iniciativa México envía un mensaje claro al mundo: valoramos y protegeremos nuestro patrimonio biológico, alimentario y cultural. Esta medida es un avance relevante en el contexto actual, donde las presiones internacionales por el uso de tecnologías transgénicas son una amenaza para nuestra diversidad biológica.
Debe decirse, además, que desde la perspectiva internacional esta iniciativa se inserta en un movimiento global por la protección de los cultivos nativos y la soberanía alimentaria. Varios países han implementado regulaciones estrictas para evitar la introducción de organismos genéticamente modificados en sus territorios, reconociendo el valor cultural y económico de sus propios recursos genéticos.
En ese contexto, la protección del maíz nativo es una causa que nos debe unir como nación y reflejar nuestro compromiso con un futuro sostenible y justo, por lo que, desde mi trinchera, seguiré abogando por una México que honre sus raíces, cuide de su biodiversidad y garantice el derecho de todas las personas a una alimentación adecuada y digna.
Como cualquier esfuerzo legislativo, esta reforma no está exenta de críticas y desafíos. Algunos sectores, incluidos diversos colectivos de la sociedad civil a los que pertenezco y con los que comparto preocupaciones sobre nuestro patrimonio biocultural, han expresado reservas. Entre los cuestionamientos destaca la necesidad de abordar otras técnicas emergentes de modificación genética y garantizar que esta medida no afecte nuestras relaciones comerciales internacionales.
Estas voces críticas son válidas y enriquecen el debate, pues nos recuerdan que proteger al maíz implica un esfuerzo constante de revisión y mejora de nuestras políticas, por ello es crucial generar un diálogo abierto con todas las partes involucradas. Estoy convencida de que la participación de organizaciones campesinas, indígenas, académicas y de la sociedad civil es fundamental para construir un marco normativo que no solo reconozca al maíz nativo como patrimonio nacional, sino que también garantice su protección efectiva.
A quienes han expresado dudas sobre la eficacia de estas medidas, les recuerdo que la legislación es un proceso dinámico. Las leyes pueden y deben ser perfeccionadas a lo largo del tiempo, conforme surjan nuevos desafíos y se adquieran más conocimientos. La clave está en consolidar un marco normativo robusto que permita armonizar las necesidades de desarrollo económico con la protección de nuestro medio ambiente y nuestros recursos genéticos.