Resiliencia / 25N: Más que una fecha, un llamado urgente
La lucha no ha sido en vano, hay razones para reconocer progresos: la visibilidad ha crecido, la denuncia se ha normalizado y las políticas públicas han comenzado a tomar en cuenta la magnitud del problema.
Según Naciones Unidas, casi 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida.
En muchos países se han fortalecido los marcos legales: se han aprobado leyes para tipificar la violencia de género, crear refugios, protocolos de atención, capacitación en instancias de justicia, etc.
La campaña ÚNETE de la ONU, que va del 25 de noviembre al 10 de diciembre, ha ayudado a movilizar a la sociedad durante años.
En México existe un andamiaje jurídico importante: leyes como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otras, reconocen formalmente las distintas formas de violencia.
Pero la lucha está lejos de estar ganada. Parte de las promesas siguen estancadas; algunos indicadores muestran retroceso o fragilidad.
La ONU denuncia que una mujer muere cada 10 minutos a manos de su pareja o un familiar.
Según Amnistía Internacional, las investigaciones de feminicidios en México son deficientes: muchas veces no se recaban pruebas, no se aplican con perspectiva de género y las familias de las víctimas se revictimizan.
En México, el posicionamiento oficial señala que 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida: física, psicológica, sexual o económica.
La inversión pública es insuficiente, según la Dirección de Equidad de Género, solo un pequeño porcentaje de la ayuda global va a programas de prevención, y la mayoría de los recursos no se destinan a lo urgente: prevención, educación, justicia.
En algunos lugares, los derechos de las mujeres se ven amenazados por recortes presupuestales o desmantelamiento de programas: sin recursos no hay prevención ni reparación real.
Lo que falta por hacer: más que nunca un compromiso real
Para que este día no sea solo simbólico, se necesitan acciones concretas, sostenidas y profundas. Aquí algunas prioridades:
Aumentar la inversión pública y privada
Es urgente que los gobiernos asignen más recursos a programas de prevención, refugios, asesoría legal, atención psicológica y capacitación para cuerpos de seguridad. No basta con llamar a campañas cada noviembre.
Las fiscalías, policías y sistemas judiciales deben incorporar criterios especializados para que la violencia de género no quede impune. Se necesita investigar con rigor, proteger a las víctimas y castigar a los agresores.
La violencia no nace de la nada: se cultiva en la desigualdad, en los roles tradicionales y en la cultura del machismo.
Es fundamental educar en igualdad desde la infancia, promover el respeto, y enseñar sobre consentimiento, emociones y equidad.
Visibilización de todas las violencias
No solo las físicas: psicológicas, económicas, digitales y reproductivas deben tener el mismo peso en políticas públicas. Las mujeres que viven violencia no siempre la denuncian porque no la perciben como “grave”; debemos cambiar esa narrativa.
La comunidad global debe asumir que poner fin a la violencia contra las mujeres es un pilar para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se requieren estrategias globales, cooperación financiera y una vigilancia constante.
Impulsar la participación feminista organizada
Las organizaciones de mujeres han sido motor central de los cambios. Hay que fortalecer su papel: darles recursos, legitimar su trabajo y escucharlas al diseñar políticas.
Si queremos de verdad “eliminar la violencia”, no basta con desearlo: hace falta actuar, invertir y garantizar justicia. No hay excusa.
